Bilbao Ría 2000 pasa sin objeciones una auditoría pública de sus 30 años de labor

Según fueron informados en el último consejo de administración los socios de Bilbao Ría 2000, la auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) considera que “la gestión realizada ha sido correcta durante el periodo auditado”.

Un análisis que ha caído muy bien tanto entre los consejeros de la sociedad, compuesta al 50% por representantes de instituciones vascas y de entidades del Estado, como también en el propio equipo técnico, dirigido en los últimos lustros por Ángel Nieva y en la primera etapa de la sociedad por Pablo Otaola.

Todo ello teniendo en cuenta el largo periodo de tiempo analizado y la complejidad de la actividad de esta sociedad que ha protagonizado el renacimiento urbanístico de buena parte de Bilbao y Barakaldo desde el año 1992.

Según se destaca en las conclusiones del documento “en el informe definitivo se recoge la opinión global sobre los resultados de trabajo de auditoria” especificando que “los objetivos del trabajo son favorables no habiéndose encontrado deficiencias significativas en el trabajo realizado”.

Continúa el escrito asegurando que “en términos generales se puede decir, como conclusión, que la gestión realizada por Bilbao Ría 2000 ha sido correcta durante el periodo auditado”. Por todo ello concluye que “a la vista de los resultados no se considera necesario realizar recomendación alguna”.

No es nada habitual que una entidad de gestión pública sea objeto de análisis por un periodo tan amplio como el de 30 años. Ría 2000 sí ha pasado anualmente las auditorías privadas que encargaba cada año de actividad y que se han ido aprobando cada ejercicio tal y como se recoge en las memorias de actividad anuales.

Sin embargo, hasta ahora no había entrado en el radar de actuación de la IGAE. Este órgano de control dependiente del Estado es el encargado de verificar, mediante el control previo de legalidad, el análisis financiero permanente, la auditoría pública y el control financiero de subvenciones, que la actividad económico-financiera del sector público estatal lleva a cabo.

Fue el año pasado cuando Adif, el gestor estatal ferroviario que forma parte de los socios de Bilbao Ría 2000, catalogó a la entidad vasco estatal como Sociedad de Integración Ferroviaria, aunque realmente su actividad se ha desarrollado mucho más allá de la que ha protagonizado en el sector ferroviario, y por ello ha tenido que pasar el examen.

Varios meses de trabajo

Por ello, el equipo técnico de la sociedad puso a disposición de los auditores de la IGAE toda la documentación acumulada durante este largo periodo de tiempo para su análisis.

Según ha podido saber este periódico la labor de los técnicos se ha prolongado varios meses debido a la cantidad de informes, adjudicaciones, compraventas y demás documentos a analizar durante las tres décadas, poniendo especial énfasis en los últimos años de actividad.

No hay que olvidar la fórmula de trabajo que ha posibilitado que Ría 2000 haya sido actor principal en la regeneración urbanística de Abandoibarra, Ametzola, Garellano, Bilbao La Vieja o Urban Galindo, era muy peculiar.

Consiste en la cesión por parte de sus socios de los terrenos públicos de su propiedad a la sociedad para que esta pudieran venderlos a constructoras y entidades privadas. Con las plusvalías generadas en las transacciones, Ría 2000 ha actuado regenerando amplias zonas de Bilbao y Barakaldo para uso y disfrute de la ciudadanía de ambas localidades, y todo ello con un estilo de modernidad característico y alabado.

Una actividad que ha supuesto, por ejemplo, que por la entidad vasco-estatal hayan pasado más de mil millones de euros en inversiones, se haya promovido en sus solares 5.125 viviendas y se haya intervenido en 1.261.640 metros cuadrados de superficie entre otras cosas para generar más de 413.000 metros cuadrados de parques, paseos y zonas de esparcimiento.

Cantidades ingentes de dinero y terreno sobre los que no ha habido sospecha alguna de irregularidades en la auditoría de la IGAE. Es más, en un informe inicial, los técnicos sí realizaron algunas observaciones, a las que los técnicos de la sociedad rebatieron con sus razonamientos que finalmente fueron admitidos desde la Intervención General para corroborar la misma conclusión.