Bilbao - El servicio de la OTA en Bilbao está gafado esta legislatura. A la polémica suscitada por el recurso presentado al concurso de adjudicación del actual contrato, otorgado finalmente al segundo licitante tras una decisión del Gobierno vasco, le siguió a principios de este año una huelga de la plantilla que marcó la actividad en las calles.
Ahora, y como consecuencia de las alegaciones presentadas tanto por la empresa ganadora en primera instancia como por el Ayuntamiento, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) enmienda la plana al Ejecutivo autónomo y sentencia que no, que el Ayuntamiento cumplió a la hora de adjudicar el contrato y que quien estaba equivocado era Lakua, más concretamente el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), al que recurrió la Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Eysa y Cycasa, la que ocupó el segundo puesto en la licitación del contrato de la OTA.
Y todo por el grado de humedad que aguantan los parquímetros. El pliego de condiciones requería que estas máquinas soportaran un 95% de humedad y así se recogía en la oferta de Gertek, pero incluyeron un folleto informativo del fabricante de las expendedoras donde figuraba que su resistencia era del 90%. Este detalle fue la base del recurso de Eysa y Cycasa ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, que le dio la razón y el Ayuntamiento no tuvo más remedio que cambiar de adjudicatario al ser la decisión del OARC de obligado cumplimiento.
En la sentencia dada a conocer ahora, el TSJPV indica que una cosa es que no hubiese “plena concordancia” entre los términos de lo incluido en la oferta con el folleto comercial y “otra cosa distinta” es que la “discordancia señalada, al menos aparente, sea de tal grado o tenga tal significación que justificase su rechazo de plano por la mesa de contratación y, en su defecto, por el OARC”.
Esta decisión judicial levantó una gran polvareda y ahora mismo está siendo analizada por todas las partes implicadas, desde el Ayuntamiento de Bilbao, como actor principal; pasando por las empresas implicadas, que estarían en disposición de pedir responsabilidades; así como por la plantilla, que se muestra a la expectativa por las repercusiones que puede tener para el servicio.
Javier Escobar, presidente del comité de empresa, mostró ayer a DEIA su “sorpresa” por la resolución y fue más allá al preguntarse “¿quién va a pagar los platos rotos?”. Él mismo se respondió: “Esperamos que no seamos todos los bilbainos”, en referencia a las posibles indemnizaciones que pueda que tener que pagar el Consistorio. Aun así, el sindicalista de ELA recordó que “esta sentencia da la razón al Ayuntamiento y a sus técnicos y quien, en realidad, tendría responsabilidades es el Gobierno vasco”.
Escobar explicó que “vamos contactar con el Área de Movilidad para que nos informe” y especificó que “en principio, el cambio de nuevo de empresa (volverían a estar bajo órdenes de la empresa Gertek, que ya gestionó la OTA en el anterior contrato) no nos va a repercutir al estar incluida la subrogación de la plantilla”.
Según indicaron fuentes del Área de Sostenibilidad y Movilidad, los servicios jurídicos municipales ya están analizando la decisión del TSJPV e informaron de que su máximo responsable, el socialista Alfonso Gil, ha solicitado comparecer en comisión la próxima semana para explicar en qué punto se encuentra el servicio de la OTA.
En la mesa, estarán también, sin duda, las posibles indemnizaciones que pueda solicitar la empresa Gertek por el lucro cesante que no ha obtenido durante este año y medio en que no ha ejercido su derecho a prestar el servicio. Tampoco se obviarán las compensaciones que puede solicitar la UTE gestora actual por las inversiones que ha efectuado, tal y como marcaba el pliego de condiciones de la licitación. En este sentido, lo normal es que se intente juntar a las dos empresas para analizar de forma conjunta el nuevo escenario.
En principio, los conductores que aparquen en Bilbao, no notarán la trifulca legal y tendrán que seguir pagando su estacionamiento.
En el alero queda si la actual UTE toma la decisión de recurrir en casación al Tribunal Supremo la sentencia del TSJPV, para lo cual tiene un mes. Fuentes de las empresas indicaron ayer que “se está estudiando”, ya que creen que sí puede haber motivos y razones jurídicas.