Bilbao - Los propietarios de al menos tres viviendas turísticas de Bilbao acudirán a los juzgados antes de que finalice el mes para tratar de anular la orden de cese comunicada por el Gobierno vasco esta misma semana. Estos afectados, a los que se les achaca incumplir la nueva normativa urbanística municipal, han decidido acudir al Contencioso-Administrativo tras agotar todos los recursos dispuestos por la vía administrativa. Pero esta no será la única batalla judicial contra la regulación de la administración local, que tras su reciente modificación limita a la primera planta este tipo de actividad económica.
Paralelamente, la Asociación de Viviendas Turísticas de Bizkaia (Asovitur) acudirá a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) -un organismo estatal homólogo a la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC)- con la intención de que impugnen el cambio del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en el Ayuntamiento de Bilbao en enero.
Álvaro Crespo, portavoz de Asovitur, asegura que el nuevo ordenamiento del Consistorio “supone barreras de entrada y perjudica a la competencia, a los usuarios y a la calidad; se está beneficiando a un sector en detrimento de otro”.
En palabras de Crespo, la AVC ya se manifestó sobre la regulación municipal a través de un informe en el que desaconsejaba limitar la instalación de viviendas turísticas. Por eso considera que las resoluciones dictadas por el Gobierno vasco, a instancias de la regulación municipal, “son contrarias al informe de la AVC, contrarias a la ley”. Y añade: “Desde nuestro punto de vista rozan la prevaricación”.
De esa forma, señalan que la actuación del organismo vasco que vela por la libre competencia, que actualmente está elaborando un informe jurídico-económico sobre la situación de las viviendas turísticas en las capitales vascas, fue insuficiente. “Queremos que digan que es nulo porque no reúne todos los requisitos suficientes para imponer barreras de entrada”, expone el portavoz de Asovitur, quien tiene la esperanza de que la CNMC les dé la razón.
“Es la primera vez que vamos a los juzgados”, explica Álvaro Crespo, quien habla también en nombre de los tres propietarios de pisos que acudirán al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). “Los propietarios de los pisos son ciudadanos de Bilbao que han invertido en un negocio”, señala el representante de la asociación que, además, se personará ante el mismo órgano judicial para impugnar la modificación del PGOU.
Crespo considera que es en la corte donde podrán ganar la cruzada contra la normativa del Ayuntamiento de Bilbao: “Lo mismo ha ocurrido con las licencias de Uber, el Tribunal Supremo acaba de cascar a la Diputación Foral de Bizkaia”.
Por habitaciones En los últimos meses las viviendas turísticas no han dejado de estar en el candelero. “Cada vez son más las personas que acuden a nosotros a informarse, siguen queriendo realizar la actividad pero tienen miedo”, explica Álvaro Crespo, quien añade que “están estudiando otras opciones”. De hecho, muchos han hallado un subterfugio a la normativa municipal, que regula las viviendas pero no las habitaciones turísticas, ya que estas pueden ubicarse en cualquier planta. “Hay gente que ha optado por ello”, confiesa el portavoz de Asovitur. Álvaro Crespo también afirma que, si las hubiera, esta modalidad generaría más molestias. “No es lo mismo que una familia se aloje en una vivienda de tres habitaciones a que lo hagan tres parejas que no se conocen, el trasiego en el vecindario es mayor”, considera.
En cualquier caso, Crespo defiende que esta no es una solución para los propietarios de las viviendas: “No es una modalidad tan rentable, no puedes alquilar la casa entera sino que se tienen que ofertar habitaciones por separado en las que se alojen parejas o gente que viaja sola”.
El portavoz de Asovitur sostiene que la regulación municipal provoca que los precios de los alojamientos tradicionales suban, porque baja la competencia. “Estamos en manos de un oligopolio, que favorece solamente a cadenas hoteleras, muchas de las que están domiciliadas en Madrid, en Palma de Mallorca o en Tel Aviv. Mientras tanto, los propietarios de los pisos pagan impuestos como el IBI o el IRPF que repercuten en la promoción de Euskadi. Nos parece totalmente injusto”. Álvaro Crespo cita además las plazas hoteleras que están con licencia o en tramitándola. “Hay miles. Nos están limitando a nosotros que somos 300, sin ninguna queja vecinal y ninguna masificación. Somos el 0,4% de los pisos que existen en Bilbao. Es una caza de brujas absoluta”, sentencia.
