BIlbao - Para erradicar la delincuencia hace falta más que mano dura. Así lo creen los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Bilbao, que además de plantear medidas para prevenir los delitos, han presentado propuestas encaminadas a abordar las desigualdades que favorecen el aumento de la criminalidad. Ayer concluyó el plazo para presentar las alegaciones al Pacto por la Seguridad propuesto por el gobierno municipal de la villa. Entre algunas medidas presentadas destacan la revisión de la configuración de comisarías, la formación específica para los agentes de la Policía Municipal o triplicar el número de policías destinados a la comunicación con los vecinos.

El debate sobre el documento presentado por el Consistorio hace escasas semanas, tras los trágicos acontecimientos vividos en la ciudad que se saldaron con tres asesinatos a manos de menores, sigue su cauce. El Pacto por la Seguridad, en el que el equipo de gobierno -formado por PNV y PSE- lleva meses trabajando, consta de 25 medidas para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Entre otras propuestas incluye la de intensificar la presencia de la policía en la calle, una medida que ya se está implantando en barrios como Otxarkoaga, Basurto, Deusto o Indautxu.

Está previsto que el jueves, después de llegar a un acuerdo, haya un borrador definitivo y consensuado. El siguiente paso a la firma del pacto será la elaboración en un plazo de seis meses de un Plan Estratégico de Seguridad 2018-2023, un compromiso del equipo de gobierno. Según afirmó ayer el alcalde, Juan Mari Aburto, en declaraciones a Euskadi Irratia, serán necesarios “un par de días para estudiar todas las aportaciones y para el jueves tener una propuesta concreta para continuar el camino pactado y lograr un acuerdo”. El primer edil aseguró que “seguramente” conocería las aportaciones de los grupos a lo largo del día de ayer.

En cualquier caso, expuso que espera que los partidos con representación municipal actúen con “seriedad” a la hora afrontar el Pacto por la Seguridad. De lo que no cabe duda es de que se trata de un ámbito que preocupa a todos, ya que así lo han manifestado en numerosas ocasiones y así lo exteriorizan en sus contribuciones. Mientras el Partido Popular y Goazen Bilbao han presentado doce y veinte alegaciones, respectivamente, EH Bildu y Udalberri han planteado una modificación exhaustiva del texto. La tarea de buscar consensos será ardua. De hecho, algunos grupos ni siquiera están de acuerdo con el nombre del pacto. Desde Goazen, por ejemplo, consideran que Pacto por la Seguridad y la Convivencia en Bilbao sería más atinado, mientras que el grupo Udalberri prefiere la nomenclatura de Pacto por la Seguridad Urbana.

El alcalde de Bilbao, quien ayer reiteró su preocupación por la imagen que está ofreciendo la ciudad tras los sucesos acaecidos en diciembre y enero, consideró que ante estos hechos, “el comportamiento de todos no ha sido honesto”. Según señaló Aburto, sin referirse a ningún grupo en concreto, “para criticar al alcalde no se puede dañar la imagen de la ciudad, y eso es lo que ha sucedido últimamente”. En palabras del primer edil, “la seguridad es muy importante para la ciudad, porque sin ella no hay desarrollo económico, no tendríamos eventos tan importantes como los que vamos a tener este año y el futuro de la ciudad se tambalea”. Por ello, defendió que “los sucesos, tremendamente trágicos” han sido “inusuales, y por eso, no es real la imagen que dan de la ciudad”. En ese sentido, aseveró que “algunos medios y algún partido político no han actuado con honestidad”.

Diferentes aportaciones Desde EH Bildu aseguraron compartir “la preocupación que existe”, lo que se ha traducido en una revisión íntegra del documento. “Lejos de ponernos de perfil hemos hecho una aportación sustancial sobre cómo abordar la seguridad de manera integral”, indicó ayer la edil abertzale Izaskun Guarrotxena. De esa forma, señalaron que el texto debe estar “complementado por un pacto en materia social que aborde las desigualdades sociales que son una realidad en Bilbao”. Además, apuntaron la necesidad de que la policía de cercanía sea una realidad. “Para ello necesitamos medios y por eso proponemos triplicar, de cuatro a doce, los agentes destinados a las tareas de comunicación directa con el vecindario”, expuso Guarrotxena.

El PP tomó ayer la delantera al resto de grupos y celebró una rueda de prensa para defender su postura. En palabras de su portavoz, Luis Eguiluz, han presentado doce propuestas “básicas” encaminadas a mejorar el pacto. Entre las alegaciones destacan, entre otras, la creación de una base de datos común a todas las policías, la formación especializada y continua de los agentes de la Policía Municipal, nuevos protocolos para los eventos multitudinarios; el despliegue de una comisaría completa por distrito, un programa de vigilancia para puntos conflictivos o la actualización del mapa de puntos negros. Además, Eguiluz solicitó medidas más concretas como “el seguimiento y, en su caso, la revisión de protocolos como el absentismo escolar o como el acoso en las aulas”. En cualquier caso, según el popular, quien recalcó que en la última legislatura su partido ha presentado catorce mociones en materia de seguridad, “lo importante es alcanzar algún tipo de acuerdo”.

Por su parte, desde Udalberri, su portavoz, Carmen Muñoz, criticó que el Pacto por la Seguridad del equipo de gobierno es “un documento desorientado”, ya que “es exclusivamente reactivo”. En ese sentido, señaló que “pone básicamente el foco en el número de policías, y no entra en cuestiones estructurales como la violencia que genera la desigualdad o la exclusión social existente en muchos barrios de Bilbao”. Ante esta situación, Muñoz aseguró que sus propuestas, que “nacen del análisis de experiencias exitosas”, se centran en promover “el equilibrio entre prevención, sanción y cohesión”. Asimismo, desde Udalberri, que ha propuesto un documento alternativo, reivindicaron “el rol protagonista” de los vecinos y las asociaciones, así como el fomento de una “coordinación efectiva entre los distintos cuerpos policiales”.

En cuanto a Goazen Bilbao, que presentó veinte alegaciones, además del cambio de denominación del pacto, reivindican la creación de “la figura del agente social”, encargada de “atender a personas inculpadas pertenecientes a grupos de riesgo”. Según su portavoz Samir Lahdou, también proponen “revisar la configuración de las comisarías como espacios que no intensifiquen la vulnerabilidad de las mujeres detenidas”. Asimismo, señaló que el objetivo del acuerdo debe residir en “la prevención del delito y en la mejora de la atención de las situaciones de vulnerabilidad”.