BILBAO - “La sentencia del Tribunal Superior de Justicia que da la razón al demandante contra Mercadona en Miribilla se refiere al planeamiento y no tiene ningún costo para ninguna de las partes”. Asier Abaunza, concejal de Planificación Urbana del Ayuntamiento de Bilbao, volvió a informar ayer, a petición del Partido Popular en el Consistorio, de la situación en la que se encuentra este caso. El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite los recursos planteados por las partes -Urretxindorra y Mercadona- por lo que la sentencia del TSJPV es firme, pero asegura, que “a día de hoy, al tratarse de un tema de planificación no tiene ningún costo ejecutable”, afirmó el concejal. Sin embargo, aventuró que “habrá otros pleitos que tendrán que seguir su trámite judicial y que tienen que ver con la licencia de actividad y de obra, pleitos en los que el Ayuntamiento tiene la obligación de litigar”. Sin embargo, Abaunza no quiso plantear ningún escenario futuro “porque puede debilitar la defensa que este Ayuntamiento pueda hacer ante los tribunales”. Los grupos de la oposición en Bilbao solicitaron ayer más información sobre este asunto y mostraron también su desconfianza sobre el éxito de este proceso judicial.

La oposición Luis Eguíluz, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, mostró su preocupación por el coste que puede suponer a futuro esta sentencia. “Seguimos pensando que cuando un expediente está bien armado técnicamente no tiene aristas, ni posibilidades de que esto ocurra. Por eso, quiero saber si hay un costo para los ciudadanos y cuál puede ser el futuro para las arcas municipales así como para los 40 trabajadores de Mercadona y si esta situación llevará aparejado el posible derribo de Mercadona, o de la ampliación de la ikastola”. Según dijo Eguíluz, “pretendemos minimizar ese coste si es dinerario y también en imagen”. Otra de las cuestiones sobre las que interpeló a Abaunza fue “sobre si la resolución de los tribunales hubiera sido la misma si este centro hubiera sido público al uso y no concertado”.

Abaunza, como ya la hizo en febrero, cuando conoció la sentencia del TSJPV, volvió a criticar que “no se haya tenido en cuenta este asunto. Es un centro concertado que entra dentro de la red pública de educación, más aún siendo como es una cooperativa declarada de interés público. Aquí no hay especulación alguna. Tampoco Mercadona adquiere la propiedad del supermercado sino un derecho de uso, un arrendamiento a largo plazo, la parcela sigue siendo educativa y si la cooperativa dejara de existir pasaría a la administración pública”.

La portavoz de Udalberri, Carmen Muñoz, exigió conocer cuál va a ser las hoja de ruta del Ayuntamiento ante futuros pleitos. “No es bueno que no informe porque al final da lugar a especulaciones. Nos preocupa fundamentalmente que esto cueste dinero”. La teoría de la portavoz de Udalberri es que “el Ayuntamiento va a tener que comprar la parcela para dedicarlo a uso público y Mercadona querrá hacer un cambio de cromos”.

En este sentido, Abaunza aclaró que el Consistorio tiene una estrategia de defensa “pero no vamos a desvelarla públicamente”.

Para la portavoz de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, “ni la mejor estrategia jurídica salva este asunto en los tribunales. Por este motivo, cuanto mayor sea la transparencia mejor”. En este sentido, opinó que “quedando invalidado el planeamiento urbanístico prácticamente podemos decir que la licencia de actividad se puede dar por invalidada y abogamos por plantar pelea para que la licencia de obras no quede anulada, porque la situación actual es responsabilidad de este Ayuntamiento y debemos asumirla”. Y considera que “la solución actual solo pasa por un acuerdo entre las partes”.