Los okupas de la casona de Begoña ganan tres meses más con el recurso

Bilbao - La familia que lleva okupando desde abril la casona ubicada en la zona de Dolaretxe, en el bilbaino barrio de Begoña, podría seguir viviendo en la casa al menos tres o incluso cuatro meses más. Será entonces cuando calculan que se pronuncie la Audiencia Provincial de Bizkaia en relación al recurso presentado por su abogado. “El recurso es legal, se puede hacer y lo han hecho, pero no tiene sentido alguno lo que alegan”, considera el abogado de los propietarios que han recibido en herencia la casona, Alberto Zulueta Martínez.

El letrado critica la falta de ética por parte de quien decide presentar un recurso de estas características, sabiendo de antemano que no tiene recorrido alguno. “La jueza fue clara, ordenó el desalojo de estas personas el 5 de junio. El recurso se puede presentar, sí, pero en mi opinión cabe recurso cuando se sabe que hay alguna posibilidad. En este caso no, solo se busca ganar tiempo en perjuicio de los propietarios”, añade Zulueta. Sin embargo, en este proceso y mientras que la sentencia no sea firme “los okupas pueden seguir viviendo ahí, en una casa que no les pertenece”, añade el letrado.

En el mismo recurso, la familia okupa alega que cuando entraron en la casona en abril pensaban que la vivienda estaba vacía y ante la falta de residencia decidieron habilitarla, limpiarla y acondicionarla a la espera de que les dieran un piso de protección oficial. “El objetivo ya lo han conseguido. Por lo menos estarán en la casa hasta finales de año”.

El abogado de los herederos de la propiedad okupada cerca de la basílica de Begoña explicó ayer a DEIA que en este caso concreto el proceso judicial se ha desarrollado con “rapidez”. Y es que en otras okupaciones los juicios pueden llegar a fijarse a un año vista. “La familia okupa de Dolaretxe entró en la casa en abril y el juicio se celebró el 1 de junio, en menos de tres meses. En este sentido estamos contentos. Tengo entre manos otro caso de una okupación en el barrio de Ollerías y el juicio está previsto para noviembre”, apunta.

Sin embargo, y a pesar de que el caso de Dolaetxea se está resolviendo en pocos meses, Zulueta reconoce abiertamente que el nuevo código penal “desprotege” a los propietarios, en beneficio de la otra parte, en este caso de los okupas. “Una okupación como la de la casa de Begoña está considerada como falta leve, cuando antes estaba consideraba como usurpación de propiedad y era considerada falta grave”. El problema, apunta Zulueta, no es que el juzgado no realice su trabajo sino que son las leyes las que al no considerarse un caso de urgencia fijan unos plazos dilatados en el tiempo.

Mientras tanto, Juan Mari Gandiaga y su familia ven cómo la casa heredada de su tía se va deteriorando y, a pesar de ser los propietarios, no pueden hacer nada por resolverlo. “Solo esperar y pagar. Ahora tenemos que abonar 1.400 euros del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”, explican los herederos. Pero la historia no acaba ahí, mientras que en su casona de más de cien años vive una familia a la que nadie ha invitado, los herederos deben abonar a Hacienda el impuesto de sucesiones, una tasa que, en el caso de Juan Mari asciende a los 35.000 euros. “La casa ya estaba vendida pero con esta okupación todo se ha paralizado, sin embargo deben ejecutar la herencia y pagar a Hacienda la tasa que corresponde”, afirma el letrado.

Multa Como falta leve por okupación, el juez ha impuesto a los inquilinos de la casona de Begoña el pago de tres euros por día; una cantidad, que según augura el letrado Zulueta “no pagarán porque se declararán insolventes”. “Poco se puede hacer en esos casos. Se las saben todas, tanto de leyes como de derecho”, reconoce. Otra de las cuestiones que preocupan sobremanera a los herederos de la casa okupada es el estado en el que encontraran los objetos de valor que había en el interior. La casa de 500 metros cuadrados y ocho habitaciones estaba decorada a capricho, con muebles ingleses y disponía de vajillas, cuberterías, plata, espejos, cuadros, relojes... Una vez que la sentencia sea firme y que el juez resuelva el recurso el “desalojo será de inmediato”. Será entonces cuando a los propietarios les tocará hacer un inventario de todo lo que había en el interior de la residencia así como el estado de las pertenencias de la familia. Por de pronto, el deterioro de la casa en seis meses salta a la vista. “En el interior de la casa tienen plantas de marihuana que ayer sacaron al jardín”, concluyen.