La falta de aval financiero desde Madrid pone en jaque Ría 2000
Aburto, como presidente de la sociedad , está “preocupado porque no buscan alternativas”
BIlbao - “Desde Madrid no han hecho los deberes y no han presentado alternativa alguna para refinanciar la deuda de Bilbao Ría 2000”. Así de contundente se mostró ayer el presidente de la sociedad vasco estatal y alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, poco después de concluir el consejo de administración de la entidad celebrado ayer por la tarde.
Una cita convocada solo tres semanas después de la anterior y que ha servido para ratificar la postura en contra de las sociedades Sepes y Adif, dependientes del Gobierno de Madrid, de no aportar el aval financiero en forma de comfort letter, el cual sí han presentado las instituciones vascas. Éste un documento con el que cada institución o entidad pública representada en la sociedad se compromete a respaldar la deuda de Ría 2000, que asciende a 100 millones de euros.
Aburto aseguró ayer a este periódico mostrarse “preocupado porque estamos en una situación de dificultad que impide la refinanciación de la sociedad”.
Esta situación que pone en jaque la sociedad tiene su origen en la crisis que cercenó de raíz la fórmula inversora de Ría 2000, basada en la venta de parcelas para construir pisos. Con el fin de mantener sus últimas actuaciones, la sociedad solicitó un crédito a un consorcio de bancos con el aval de sus solares en Abandoibarra, Garellano y Barakaldo y de la mencionada comfort letter de los socios.
Ese crédito había que renegociarlo para el 20 de diciembre último, cuando vencía, pero no se pudo concretar ante el posicionamiento de los abogados del Estado sobre esta fórmula de responsabilidad, la cual “prohíbe taxativamente la Ley General de Presupuestos del Estado”, aseguró ayer Luis Eguiluz, edil del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, y representante de la sociedad Sepes ayer en el consejo de Ría 2000.
Curiosamente en la firma anterior del mismo documento, hace tres años, Sepes no puso problema alguno. Después de tres meses de espera solicitados a los bancos (plazo que vence el 20 de marzo próximo) el consejo del pasado 15 de febrero tomó la decisión de seguir adelante con la solicitud de la refinanciación incluyendo unas condiciones especiales para Sepes y Adif. Ambas entidades tienen hasta el 20 de enero de 2017 para que puedan aplicar la modificación legal que les corresponda y puedan aportar su comfort letter. El compromiso que se quiere firmar con las entidades financieras es que, en caso de que para el 20 de enero de 2017 las sociedades dependientes de Madrid no hayan solucionado su problema, tendrán que abonar el dinero en efectivo para liquidar la parte de su deuda de Ría 2000.
Desde luego Juan Mari Aburto no quiere llegar a esos extremos pero ayer se mostraba muy molesto con la actitud de la parte estatal de la sociedad. “No han presentado alternativa alguna a la no presentación la comfort letter”, concretó el alcalde. Puso como ejemplo que “ayer también se solicitó a Sepes y Adif que aportaran un depósito económico en Ría 2000 que fuera una garantía para los bancos, y a eso también se han negado”.
Es más, se puso sobre la mesa que incluso, desde un punto de vista jurídico, un pronunciamiento del consejo de ministros de Madrid pudiera servir de aval para el consorcio bancario. Tampoco sirvió. Esta actitud llevó a Aburto a asegurar tras el consejo que “los representantes estatales dicen que apuestan por Ría 2000 pero sigo sin ver esa apuesta”. Otro detalle de esta desafección es que en la reunión de ayer acudieron representantes a nivel técnico desde Madrid y la máxima autoridad política fue el delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo.
“preocupación optimista” A pesar de esta situación, el primer edil bilbainos no tira la toalla. Indicó que “voy a seguir negociando con los bancos para que acepten la refinanciación. Estoy en un estado de preocupación optimista”.
El concejal popular, Luis Eguiluz, aseguró que “no hay enfrentamiento” entra los socios del Estado y los vascos. Es más, apostó por el futuro de la sociedad “con otros objetivos y una fórmula de participación diferente que permita, por ejemplo, el soterramiento del AVE en Bilbao”.
El edil reconoció el poco peso político de los representantes de su partido en los últimos consejos de administración donde se está jugando el futuro de la entidad. “Es cierto que tienen que estar presentes personas que puedan tomar decisiones”, dijo.
Un dato. La última vez que participó el vicepresidente de la sociedad y secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Julio Gómez-Pomar, fue en noviembre pasado. Desde entonces se han celebrado tres consejos más.