BILBAO. Hace tres años las manifestaciones de los vecinos no lograron impedir la decisión judicial por encima de cualquier decisión municipal de otorgar la licencia a Funeraria Bilbaina para la apertura del crematorio. Para mañana han convocado una reunión con los partidos para abordar este tema y esperan a la comparecencia del 4 de febrero con la fe de que se produzca un desenlace a su favor.
Este litigio no es nuevo. Históricamente, los muertos han dado más problemas al Ayuntamiento de Bilbao que los vivos. Los procesos judiciales a los que se ha enfrentado el Consistorio se remontan a la época del alcalde Josu Ortuondo y aún hoy continúan los problemas. Las primeras quejas vecinales se produjeron cuando Funeraria Bilbaina quiso construir un tanatorio en lo que había sido el conocido restaurante Lasa en Begoña. Desde entonces, casi todos los pasos dados por las empresas de pompas fúnebres han llegado precedidas de polémica; la mayoría por protestas vecinales. Los vecinos de Begoña consiguieron paralizar la construcción del tanatorio en su barrio pero Funeraria Bilbaina trasladó la propuesta a la plaza del Gas con la construcción de un horno crematorio. Este problema ha estado latente durante estos últimos cuatro años y ahora resurge con toda su intensidad. Desde el Ayuntamiento han manifestado que el control de la emisión de los gases es competencia del Ejecutivo de Lakua y han recordado que fue el juez quien autorizó la licencia de apertura del horno.
Por su parte la concejal de Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, señaló a este periódico que "el Gobierno vasco dio una licencia por tres años en la que no se hablaba de prorroga por lo que entendemos que en todo caso no se podrá prorrogar sino que habría que volver a concederle una nueva licencia". De ser así, según Ibaibarriaga, "en estos momentos, chocaría con la normativa del Plan General de Ordenación Urbana por la que a a menos de 500 metros de unas viviendas no se puede tener una actividad como esta luego pensamos que no es factible". Lakua es la institución competente de dar la autorización por tratarse de residuos contaminantes, mientras que el Ayuntamiento otorga la licencia.
