Bilbao. El Gobierno vasco ha expedientado y sancionado a cinco albergues turísticos privados de Bilbao con multas de entre 900 y 9.000 euros por no tener una licencia para explotar un negocio de este tipo. La particularidad de esta situación es que, en la actualidad, Euskadi no cuenta con una normativa que reconozca a los hostel, por lo que los establecimientos se han encontrado con un vacío legal desde su creación.
En concreto, los albergues multados o apercibidos de multa son el Pil Pil, Ganbara, Akelarre, el BBK Good Hostel y el Botxo Gallery. Los establecimientos, que aseguran contar con todos los permisos de apertura municipales, se han visto sorprendidos durante estos últimos meses por las inspecciones realizadas por el departamento de Turismo del Gobierno vasco.
La diferencia entre los albergues turísticos y los albergues municipales es que los primeros están abiertos a todos los clientes, aunque su infraestructura sea la de un albergue al uso, con habitaciones compartidas. Los segundos, por su parte, están dentro del circuito de albergues y se dirigen a un público más concreto, jóvenes por ejemplo.
Normativa sin desarrollar Fue el Ejecutivo de Ibarretxe quien mencionó por primera vez el término albergue turístico en la Ley de Turismo publicada en el BOPV del 23 de diciembre de 2008. Sin embargo, no llegó a desarrollar la normativa; tarea que quedó pendiente para el siguiente Ejecutivo, el de Patxi López, con Isabel Muela a la cabeza, como directora del departamento. La citada Ley abría la puerta a la creación de una normativa específica para los albergues turísticos, impulsada por la Ley Omnibus, para adaptar las normativas europeas al ámbito autonómico. Con la llegada del Ejecutivo López, los progresos de esta iniciativa se han quedado en un borrador que lleva desde principios de año esperando a ser aprobado.
"Cuando empezamos, aquí no se sabía nada de este concepto, nos encontramos muchas trabas y, por todo ello, hicimos las cosas con mucho tiento y nos adecuamos a la normativa de albergues que hay vigente", señala Natalia Juez, una de las propietarias del albergue Akelarre, que fue el primer establecimiento (2009) de este tipo en la villa. Juez asegura que "comunicamos al Gobierno vasco nuestra apertura con las características de los albergues juveniles y dieron el silencio por respuesta. Tres años después, vienen y nos multan con casi 1.000 euros".
Menos tiempo ha tenido que esperar el Pil Pil, que, tras haber abierto sus puertas en julio, ha recibido hace menos de un mes la notificación de apertura de expediente por no contar con la licencia. Laura Amate y Herbert Tolosa son dos de los socios que toman parte en este nuevo negocio y afirman haberse "regido por los requisitos que pone en el borrador de decreto, los cumplimos".
Por su parte, Mercedes Rodríguez, directora de Bilbao Turismo, califica de "atropello" la apertura de expedientes y las sanciones emitidas por el Gobierno vasco. "Han tenido una legislatura entera para trabajar en este decreto y, si el borrador no se ha aprobado, ha sido por falta de trabajo", señaló Rodríguez, quien remarcó que "una sanción de este tipo es un quebranto para estos establecimientos".
Desde el Gobierno vasco se ha procedido a expedientar y sancionar, pero, según explican los afectados, no les han ofrecido alternativa alguna para seguir con sus negocios. "Según ellos, no se pueden abrir albergues turísticos en Euskadi", relata Herbert Tolosa. En el mismo sentido se manifiesta Txema Franco, director de Lantegi Batuak, entidad que gestiona el BBK Good Hostel, que también ha sido sancionado. "La respuesta del Gobierno vasco es que no se podía legalizar la situación del local porque no hay normativa".
Los establecimientos multados han pagado, pero no van a parar. "Nosotros hemos pagado la multa, pero ya hemos interpuesto un recurso contencioso-administrativo", señala Natalia Juez, del Akelarre.
Otro de los establecimientos que ha sido sancionado es el albergue Ganbara. Su responsable, Josean Barrueta, no sale de su asombro. "Es increíble todo esto, no tiene lógica alguna". Todos ellos se sienten indefensos. "Nosotros, desde el inicio del proyecto, tenemos la sensación de estar en un vacío legal. Por eso, nos adecuamos a la normativa de albergues juveniles", incidió Franco.
Por su parte, fuentes del Gobierno vasco explican a DEIA que, pese a que los dueños de los albergues afirman que se trataron de inspecciones aleatorias, "alguna de ellas no fueron de oficio, ya que había denuncias o reclamaciones previas". Asimismo, señalan que "hay una normativa y estos albergues la están incumpliendo, nuestro deber es sancionarles".
Los afectados esperan que los trámites se agilicen y se dé el impulso necesario para que el decreto entre en vigor a la mayor brevedad posible. "Esperamos que se solucione cuanto antes", explica Txema Franco. "Es absolutamente urgente para el sector que el nuevo Gobierno actúe urgentemente y apruebe este decreto", zanja Mercedes Rodríguez.