Bilbao. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Bilbao ha desestimado en un auto las investigaciones abiertas por la Fiscalía de Bizkaia con motivo de un presunto delito de prevaricación por parte de responsables políticos de la Diputación y de una funcionaria del Ayuntamiento de Bilbao. La Fiscalía acusaba al anterior diputado de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo; al director de su departamento y de Interbiak, Carlos Estefanía, y a la subdirectora de Licencias y Disciplina Urbanística del Consistorio bilbaino de haber expropiado un solar en la zona de Larraskitu para ubicar una planta cementera necesaria para la construcción de la autopista.

La decisión de la juez de "sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones" fue dada a conocer ayer a la Diputación y el Ayuntamiento, justo en el día en que un medio de comunicación bilbaino informaba sobre la investigación de la Fiscalía.

Las diligencias abiertas son consecuencia de una denuncia presentada por un vecino de El Peñascal en la que exponía la supuesta expropiación ilegal de una parcela en 2007 para ubicar un planta de procesado de hormigón para la construcción de la autopista. La revelación fue enviada al fiscal en marzo de 2011 después de que los propietarios de los terrenos expropiados en 2007 ya hubieran llegado a un acuerdo a mediados de 2010 con la empresa Hormigones Vascos, actual usuaria del solar.

Fiscalía de oficio La Fiscalía de Bizkaia acusó así de oficio a los tres representantes forales y municipales de haber autorizado la instalación de la constructora de forma ilegal a sabiendas.

La juez no lo considera así. En el auto enviado ayer a las partes se especifica que "la denuncia parte de datos que no son correctos" y especifica que "no se infieren indicios de la comisión de ilícito penales objeto de denuncia".

Tanto desde la Diputación como desde el Ayuntamiento han indicado que en todo momento han atendido los requerimientos de la Fiscalía, a nivel de declaraciones de los presuntos implicados y de documentación, tras lo cual ahora la juez cree que no existe delito alguno. En el auto concreta cómo el Ayuntamiento "no ha cedido" el terreno expropiado a la sociedad pública Interbiak, "ni esta a Hormigones Vascos". Asimismo, asegura que tampoco es cierto que esta empresa no cuente "con título que legitime su presencia en el lugar, ni que lleve a cabo su actividad sin sujeción a límite temporal alguno". En las resoluciones se señala que Interbiak consideraba que la instalación de la planta se "corresponde con el objeto de proporcionar y abastecer la necesidad de dicho material a la obra y, por tanto, atender las necesidades de ejecución de la Variante Sur".

Por ello, la Diputación puso a disposición de la compañía el solar para que pudiera continuar con su actividad diez años más, periodo que acaba en 2017.