Bilbao. Como ya hizo antes del derribo del gaztetxe Kukutza III, la asociación de vecinos de Rekalde, Errekaldeberriz, ha vuelto a alzar su voz. Esta vez para denunciar el "estado de excepción" al que se vieron sometidos durante varios días por el fuerte dispositivo policial desplegado en el barrio durante el fin de semana. Los vecinos han solicitado a Amnistía Internacional que investigue la "vulneración de los derechos" de los vecinos durante las intervenciones de la Ertzaintza. "Rekalde ha sido aterrorizado y sus vecinos agredidos y humillados", afirmaron con rotundidad.

Mientras que los gestores del gaztetxe continúan sin pronunciarse ante los graves disturbios registrados, la asociación vecinal quiso manifestar de forma "clara y contundente" su postura. Ayer, a través de un extenso comunicado de prensa, Errekaldeberriz dio a conocer las medidas que han puesto en marcha por el "estado de excepción" al que se vieron sometidos. Además, rechazaron de forma "nítida y contundente" todos los actos violentos de las pasadas jornadas y apuntó al Ayuntamiento de Bilbao y al Gobierno vasco como principales responsables por anteponer "los intereses privados de una constructora frente a los derechos de un barrio".

"Día de vergüenza" Si desde el pasado miércoles los rekaldetarras vivieron "un estado de excepción", según definen, el pasado viernes culminaron la semana con lo que ellos calificaron como "día de la vergüenza". "Se ha atemorizado a los vecinos, se ha impedido el trabajo de abogados y parlamentarios, se ha cargado indiscriminadamente contra manifestaciones autorizadas, contra concentraciones silenciosas y en las inmediaciones de centros educativos a las horas de entrada y salida de nuestros hijos. Se ha disparado de forma indiscriminada contra personas indefensas y se ha insultado a los vecinos", argumentaban. Y es que, según cuentan desde la asociación, la presencia "masiva y la actitud agresiva" de los efectivos de la Ertzaintza allí desplegados atemorizaron a los vecinos de Rekalde que se vieron obligados a dejar de lado sus propias vidas. "Agentes de la Ertzain-tza irrumpieron en el ambulatorio generando escenas de pánico. Destrozaron persianas de comercios e impidieron a los comerciantes trabajar. También se ha cortado en dos ocasiones la luz del barrio, generando terror entre la población", enumeraron.

Por ello, Errekaldeberriz decidió no quedarse de brazos cruzados e inició contactos para que la situación fuera investigada en sede parlamentaria y por instituciones internacionales. Así, acudirán a la delegación de Londres de Amnistía Internacional con toda la documentación gráfica, los partes médicos y los testimonios recopilados para solicitar que investiguen las actuaciones policiales.

Esta no es la única vía escogida por la asociación para que se tomen medidas "ante la vulneración de los derechos del barrio". También solicitarán al Defensor del Menor que intervenga por las "graves secuelas" que sufren los niños del barrio por las escenas vividas la pasada semana. Igualmente, requerirán una investigación parlamentaria de la actuación policial. "En caso de que no se tomen las medidas oportunas, acudiremos ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y solicitaremos una investigación de lo sucedido al Relator de los Derechos Humanos de la ONU", aseguraron.

Por otra parte, los vecinos de Rekalde analizarán "con detalle" el proceso de demolición y denunciarán cualquier incumplimiento del proyecto de derribo. Seguirán el estudio encargado por la comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Bizkaia para denunciar cualquier irregularidad en la gestión urbana del solar que albergaba el gaztetxe.

Actos violentos y Responsables La asociación de vecinos Errekaldeberriz rechazó enérgicamente la quema de contenedores, los daños en el mobiliario urbano, en vehículos, viviendas y el lanzamiento de objetos, así como las amenazas a concejales y el ataque a los batzokis de Rekalde y el Casco Viejo. Y recordaron que ellos mismos pidieron a la población que actuase con inteligencia y que no cayera en provocaciones. "Pedimos que no respondieran a las agresiones que nos tenían preparadas. Desgraciadamente, el discurrir de los acontecimientos ha permitido que los responsables políticos de esta situación de excepción desvíen la atención de la opinión pública", afirmaron.

Y es que, según Errekaldeberriz, los responsables de la vulneración de sus derechos como barrio son el Gobierno municipal y el Ejecutivo vasco. "El Ayuntamiento ha tenido la posibilidad de reconducir políticamente el problema. Le hemos ofrecido alternativas que respetaban los derechos de los rekaldetarras y los de los propietarios, pero nada ha servido. No solo no han aceptado una salida dialogada sino que se han convertido en el ariete de los intereses privados de una constructora frente a los derechos de un barrio. Y han humillado a los vecinos aplaudiendo la desproporcionada actuación policial", revelaron. Por lo que solicitaron la "dimisión inmediata" del equipo de gobierno del Ayuntamiento. También hicieron responsable de lo sucedido al Gobierno vasco que "pudo reconducir la situación" mediante el estudio de protección del edificio del gaztetxe.

"El departamento de Cultura pudo paralizar la orden de derribo para estudiar nuestras demandas de protección. No solo no lo han hecho sino que desde Interior se ha organizado una toma policial del barrio", por lo que solicitaron también la dimisión del consejero de Interior, Rodolfo Ares.