El Gobierno español reconoce 25 víctimas vascas de la extrema derecha o las FSE entre 1979 y 1983

Una comisión impulsada por el Gobierno español sobre vulneración de derechos humanos entre 1979 y 1983 ha identificado a 63 víctimas, 25 de ellas vascas, que murieron en ese periodo inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución a manos de la extrema derecha o de fuerzas de seguridad.

En su informe tras la finalización de los trabajos, al que ha tenido acceso EFE, la comisión reconoce un total de 63 víctimas siguiendo dos criterios: que los casos acabaran en muerte y que ocurriera en un contexto de violencia por motivaciones políticas.

En concreto, hay 34 víctimas de actuaciones de la extrema derecha y 29 de excesos policiales entre el 29 de diciembre de 1978 (la fecha de entrada en vigor de la Constitución) y el 31 de diciembre de 1983, todas ellas acordadas tras un intenso debate en el seno de la comisión, prevista en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y presidida por el secretario de Estado, Fernando Martínez.

En el caso de Euskadi la mayoría de las víctimas -18- murieron a manos de grupos de extrema derecha como el Batallón Vasco Español, la Triple A, Grupos Armados Españoles y Fuerza Nueva.

Excluidos los terroristas

La extensión de los trabajos de la comisión hasta finales de 1983, incluyendo el primer año de Gobierno del socialista Felipe González, fue fruto de una enmienda pactada con EH Bildu y se convirtió en uno de los aspectos de la ley que generó más polémica política.

La comisión concluye que entre 1979 y 1983 siguió habiendo prácticas autoritarias bajo un "patrón estructural de impunidad" y menciona el terrorismo de ETA entre los focos de violencia. De hecho se reconoce como víctimas a Juan Mañas, Luis Montero y Luis Manuel Cobo, del conocido como 'caso de Almería', que murieron el 10 de mayo de 1981 torturados por la Guardia Civil tras ser detenidos al ser confundidos con miembros de ETA.

Eso sí, las personas vinculadas a grupos terroristas quedaron excluidas expresamente de la posibilidad de ser consideradas víctimas, según el acuerdo del Consejo de Ministros de abril de 2024 que aprobó esta comisión.

Violencia de la extrema derecha

En el listado figura Jesús María Zubikarai, que fue detenido en 1975 y encarcelado tres meses bajo la acusación de pertenecer a ETA y que figura en el listado por haber sido secuestrado y asesinado el 2 de febrero de 1980 en Eibar por el Batallón Vasco Español.

También figuran el concejal independiente de Herri Batasuna en el Ayuntamiento de Donostia Tomás Alba, asesinado el 28 de septiembre de 1979 en Astigarraga por integrantes del mismo grupo de extrema derecha, y la estudiante y militante bilbaina del partido Socialista de los Trabajadores Yolanda González, asesinada el 1 de febrero de 1980 en Madrid por miembros de Fuerza Nueva.

Se reconoce también Liborio Arana, Manuel Santacoloma, Pacífico Fica y María Paz Armiño, que murieron en 1980 en Alonsotegi, que entonces era un barrio de Barakaldo, en la explosión de una bomba colocada por los Grupos Armados Españoles en el bar Aldama.

El informe incluye asimismo un caso ocurrido fuera del Estado español, en concreto en Hendaia en 1980 en el bar Hendayais, donde solían reunirse simpatizantes de ETA. El local fue ametrallado por el Batallón Vasco Español causando la muerte del camarero José Camio, nacido en Urnieta aunque con nacionalidad gala, y de un jubilado francés, Jean Pierre Haramendi.

Víctimas de las fuerzas de seguridad

Entre las víctimas vascas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad están los del conocido como 'crimen del bar Las Vegas' de Gasteiz: el propietario del local, Justo López de Zubiria, y un cliente habitual, Félix Mingueta. Ambos fueron tiroteados por un policía nacional al que poco antes habían echado del bar por su mal comportamiento.

También figura Luis Quintana que fue disparado en un bar de Las Cortes en Bilbao en 1980 por un agente del mismo cuerpo que hirió además a tres personas, dos de ellas de gravedad.

El informe reconoce asimismo a Felipe Baz, que tenía 19 años cuando la Guardia Civil lo paró en un control de carretera entre Galdames y Güeñes junto con otros cuatro amigos a bordo de un coche robado. El joven murió por los disparos de un agente durante su traslado a la casa-cuartel.