Igualdad quiere que el Estado adelante la pensión alimenticia cuando el padre se niegue a abonarla

El Gobierno español quiere que el Estado adelante la pensión alimenticia cuando el padre se niegue a abonarla tras el divorcio. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha abogado por adoptar nuevas medidas ante aquellos casos en los que un progenitor se niega a abonar la pensión de sus hijos. "Es importante crear un instrumento por el que el Estado adelante esas pensiones alimenticias que sirven para el mantenimiento del bien superior del menor y para evitar esta violencia que se ejerce sobre muchas mujeres de forma soterrada y es la base de otras violencias", ha apuntado.

Ampliación del actual Fondo de Garantía

Así lo señaló el miércoles la ministra de Igualdad en su intervención en un debate conjunto sobre la mejora de la aplicación del Convenio de Estambul y sobre la cultura de consentimiento, durante la sesión plenaria de primavera de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo. La ministra no profundizó más en esta propuesta que busca reforzar la protección de los menores y de las madres que sufren violencia económica mediante un sistema donde el Estado actúe como garante financiero. La idea central es que la Administración adelante el dinero de la pensión para evitar que el bienestar de los hijos dependa de la voluntad del progenitor deudor, encargándose después el propio Estado de reclamar esa deuda. La ministra Ana Redondo considera que el impago de estas prestaciones es una forma de violencia que busca perpetuar el control sobre la mujer tras la ruptura, por lo que el objetivo prioritario es blindar el interés superior del menor para que sus necesidades básicas queden cubiertas sin retrasos.

Aunque actualmente ya funciona en el Estado un Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, este cuenta con límites de cuantía y requisitos de renta muy estrictos. El Estado adelanta un máximo de 100 euros al mes por cada hijo beneficiario. Si la pensión fijada por el juez es menor a esa cifra, solo se abona la cantidad que indique la sentencia. Solo se puede recibir este anticipo durante un periodo máximo de 18 meses, ya sea de forma seguida o en periodos sueltos. Cabe destacar que el Estado no "regala" el dinero, sino que lo adelanta. Una vez realizado el pago, la Administración se subroga en el derecho de crédito y tratará de recuperar esa cantidad directamente del progenitor deudor. No se puede cobrar este adelanto si ya se está recibiendo otras ayudas públicas de la misma naturaleza o finalidad. La propuesta de la ministra Redondo busca precisamente superar estos límites de 100 euros y 18 meses, que muchas asociaciones consideran insuficientes para cubrir las necesidades reales de un menor hoy en día.