El lehendakari exige al Ministerio de Sanidad que no ponga “piedras en el camino” que entorpezcan la actividad de Osakidetza

Esta semana el Gobierno vasco ha dado paso considerable en la mejora asistencial de Osakidetza. El martes aprobó la incorporación de más de 2.100 profesionales en la plantilla estructural, lo que reduce la eventualidad del 37% al 13%. Ayer, el Departamento de Salud presentó el plan maestro para crear y reformar decenas ambulatorios y hospitales y adquirir tecnología sanitaria de vanguardia por un importe de 1.600 millones de euros hasta 2032. Pero todo esto no es suficiente ni está en manos del Gobierno vasco, tal y como reconoció ayer el propio lehendakari. Imanol Pradales exigió al Ministerio de Sanidad “que escuche y deje hacer, que atienda nuestras propuestas y que, al menos, no ponga piedras en el camino que entorpezcan la mejora del sistema de salud vasco".

Con “piedras en el camino”, el lehendakari alude al bloqueo sistemático del equipo que lidera Mónica García (Sumar) a todas las iniciativas propuestas por el Departamento de Salud para abordar el déficit de profesionales médicos que afecta no solo a Euskadi, sino a toda Europa, y cuya competencia exclusiva recae en el Ministerio de Sanidad. El Departamento de Alberto Mártínez ha puesto sobre la mesa el aumento de las unidades docentes, la ampliación del número de plazas MIR o el retraso de la edad de jubilación. Hasta la fecha, el Ministerio ha ignorado o rechazado todos los intentos de Lakua por retener y favorecer la incorporación de nuevos galenos, al tiempo que se promueve la formación de cercanía que ponga coto a la fuga de profesionales que se han formado en la Universidad del País Vasco (EHU) y acabado su residencia en centros de Osakidetza.

Jubilación a los 72 años

El Ministerio sigue sin resolver la petición realizada por Euskadi hace meses para ampliar la edad de jubilación hasta los 72 años. Mientras, muchos facultativos vascos –dispuestos a mantenerse activos en Osakidetza– están recibiendo cartas que les comunican su jubilación. A ello se suma el retraso sin precedentes del Ministerio en la publicación del listado provisional de admitidos al examen MIR. Por primera vez en cuarenta años no se han cumplido los plazos fijados en el BOE, lo que paraliza la entrada de nuevos médicos en el sistema. También se ha cerrado la puerta a reducir de cuatro a tres años la especialidad de Familia para poder fichar antes a estos médicos aunque luego puedan completar más adelante el año especialización que les falta.

Además, el Ministerio ha rechazado que euskera sea un mérito más en el acceso a las plazas MIR, lo que complica el problema de arraigo de Osakidetza en un contexto de escasez generalizada de personal médico. Otra de las quejas vascas guarda relación con el Estatuto Marco que ha provocado la huelga de ‘batas blancas’ de la semana pasada y que amenaza con repetirse el próximo mes de enero. El consejero de Salud ha reclamado a la ministra de Sanidad que asuma su responsabilidad para lograr un acuerdo ya sobre el nuevo Estatuto Marco que regule las condiciones laborales del personal sanitario. En este sentido, desde el Gobierno vasco se piden explicaciones a Mónica García sobre el modelo organizativo que propone el estatuto para las guardias médicas, a qué sistema se quiere llegar y qué previsión económica maneja el Ministerio para hacer frente a los cambios que plantea.

Fondo de compensación

Otra de las “piedras” que enfrentan al Gobierno vasco con Madrid es el fondo de compensación por los gastos sanitarios y farmacológicos que generan los ciudadanos vascos desplazados a otras comunidades. De un total de 312 millones de euros que aportó todo el Estado en el periodo 2012 y 2022, Euskadi abonó 169 millones al Sistema de Información del Fondo de Cohesión Sanitaria (SIFCO), lo que equivale a que un 5% de la población asuma el 60% de la factura total. Dicho de una forma aun más gráfica, el Gobierno vasco ha desembolsado la última década más que 13 comunidades juntas. En opinión del consejero vasco, la forma en la que se calculan esos costes es “errónea” y “abusiva” que solo persigue un afán “confiscatorio”. Así, el Departamento de Salud ha decidido de suspender el pago de los 51 millones de euros correspondientes a los gastos derivados de la atención sanitaria que recibió la población vasca en otras CCAA a lo largo de 2023 y 2024, hasta que no se revise el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA). En este punto de la situación, Euskadi estudia comenzar a facturar a Cantabria, La Rioja, Nafarroa y Castilla León las asistencias médicas dentro y fuera de convenio que realiza Osakidetza y no cobra aunque que éstas, al parecer, sí le estarían cobrando al Gobierno vasco.