El PNV lleva al Senado el “atasco” y la “injusticia” de la homologación universitaria para los extranjeros

Las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que han anulado la transferencia vasca para la gestión de las homologaciones universitarias, dejando en el limbo a más de 200 personas, ha llegado a la Cámara Alta. El senador de EAJ-PNV Luke Uribe-Etxebarria reclamó a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, que agilice el proceso de equivalencia a títulos estatales de los títulos universitarios extranjeros.

En la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez, el portavoz del PNV advirtió a Morant que es “urgente y prioritario abordar una profunda modificación del Decreto de homologaciones, o mejor, su sustitución por uno nuevo”, de manera que garantice el respeto al plazo máximo establecido de seis meses para resolverlos. El procedimiento, dijo, “ha de ser más ágil y debe reconocer la competencia ejecutiva del Gobierno vasco en la tramitación y valoración de estas solicitudes”.

Tal y como explicó el senador jeltzale, los trámites bajo responsabilidad estatal sufren “un enorme atasco” lo que se traduce en hasta varios años de espera para miles de personas, “provocando quejas y una gran frustración en las personas demandantes, y una gran pérdida de talento y de profesionales que la sociedad necesita”. Este perjuicio repercute mayoritariamente en personas migrantes, que ven vulnerados su derecho a que sus títulos universitarios sean reconocidos, así como a ejercer una determinada profesión para la que se encuentran plenamente cualificados. Esta situación, denunció, “les aboca a ejercer en condiciones muy precarias actividades como cuidados de mayores, hostelería o trabajos de hogar, cuando muchos de ellos podrían estar trabajando en sectores como la industria o la salud, donde existen evidentes necesidades a cubrir”.

El limbo vasco

En los tres minutos de comparecencia, Uribe-Etxebarria puso el acento en la situación específica de Euskadi. Según dijo, se da “el agravante de las inaceptables sentencias” del Tribunal Supremo de 2025 que anularon por completo la transferencia de la gestión de las homologaciones universitarias al Gobierno vasco, y ante las cuales el Ejecutivo Pradales tiene interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional. “Son unas sentencias que atacan gravemente nuestro autogobierno y suponen una inadmisible intromisión en cuestiones de orden político”, aseveró. El senador jeltzale se refería de este modo a las siete sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, a instancias de distintas organizaciones profesionales, contra la recién estrenada transferencia que habilitó una ventanilla vasca para homologar los títulos y acabar con el tapón burocrático de Madrid.

Tras el pacto alcanzado por el Gobierno español y el Gobierno de Iñigo Urkullu, el 1 de julio de 2024 Euskadi comenzó gestionar las convalidaciones de las titulaciones para paliar, entre otros problemas, la escasez de médicos en Osakidetza. A finales de ese mismo mes, el Tribunal Supremo decretó la suspensión cautelar del traspaso a la espera de resolver los recursos interpuestos por varias asociaciones profesionales, como la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. Y en marzo de este año decidió anularlo en su totalidad en dos sentencias de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo. En los escasos 23 días que duró con vida la ventanilla vasca, más de 200 personas tramitaron su solicitud de homologación. 

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias aseguró en su momento que los gobiernos español y vasco habían llegado a un acuerdo verbal por el que se iba respetar la fecha original en la que esta gente registró sus peticiones de convalidación para no perder la antigüedad y que no tuviesen que pagar de nuevo las tasas. A este respecto, el senador propuso ayer a Morant acudir a “fórmulas imaginativas de colaboración” con el Gobierno vasco “para desatacar esta situación tan injusta y que perjudica a la sociedad en su conjunto”, en el debido reconocimiento de las reglas constitucionales del reparto competencial y de la necesidad de dar respuesta a una situación actualmente insostenible en el seno del Ministerio.

En su respuesta, la ministra de Universidades pasó de puntillas sobre el problema judicial abierto –a la espera de que resuelva el Tribunal Constitucional– y se limitó a achacar el “atasco” administrativo al Gobierno de Mariano Rajoy. En su comparecencia, Morant aseguró que la homologación ha alcanzado la “velocidad de crucero”: las solicitudes registradas en 2017 tardaron de media dos años y tres meses en resolverse y las registradas este año, cuatro meses y medio. Según explicó, en noviembre de 2017 se resolvieron 514 solicitudes; en noviembre de 2023 la cifra subió a 1.168, un 127 % más; y este pasado mes de noviembre se han resuelto 13.244, un 2.500 % más. En 2024 se duplicaron las resoluciones respeto al año previo, alcanzándose las 40.000; y este año se llegarán a las 80.000, un “salto vertiginoso”, en palabras de la ministra. Su ministerio activó un plan de choque “de inteligencia procedimental” y se ha esforzado también por mejorar la cooperación con los países emisores de los títulos.