Las tres menores investigadas por un presunto caso de bullying en el asunto relacionado con Sandra Peña, la joven sevillana que el pasado octubre se suicidó tras presuntamente haber sufrido acoso escolar, comparecen este lunes, 17 de noviembre, ante la Fiscalía de Menores de Sevilla.
La cita llega tras la comparecencia el pasado miércoles, 12 de noviembre, de los padres de Sandra ante la Fiscalía en calidad de testigos perjudicados, un encuentro de cuatro horas en el que pidieron una sanción "contundente y ejemplarizante" para el colegio en el que estudiaba —Irladensas de Loreto—.
Ese mismo miércoles también estaban citados el director del colegio, Francisco Suárez, la jefa de estudios, la orientadora y la tutora de Sandra Peña. Todos ellos, al igual que los padres de la menor, rehusaron hacer declaraciones a los medios.
Por su parte, el tío de la menor y portavoz de la familia, Isaac Villar, expresó que los progenitores habían asistido "con la tranquilidad de que contarán la verdad; también con malestar, por tener que volver a revivirlo todo", e indicó que la familia "se ha sentido siempre muy arropada por la Junta de Andalucía, por la Consejería —Desarrollo Formativo y Formación Profesional—, y muy especialmente por el Defensor del Pueblo", por lo que confiaban "plenamente en que la Junta esté a la altura y sea contundente" en la sanción administrativa.
La investigación sigue abierta
En opinión de la familia, "no puede haber otra sanción que no sea la más alta, porque los errores cometidos en el centro escolar han provocado la decisión que tomó mi sobrina de quitarse la vida; es la lucha nuestra o el hecho de estar aquí también, que es para que esto no se repita".
La investigación del caso sigue abierta tras la entrega por parte de la Policía Nacional a la Fiscalía de Menores del informe sobre acoso escolar que supuestamente sufrió la joven sevillana en el centro educativo. Al respecto, el Ministerio Público mantiene dos expedientes abiertos para investigar las circunstancias del suicidio: uno, de reforma juvenil, centrado en la posible implicación de varias menores; y otro, de supervisión, que evalúa la actuación y posible responsabilidad del centro educativo en el que estudiaba la víctima.