El Tribunal Constitucional decide esta semana sobre la caza del lobo

El Tribunal Constitucional (TC) se dispone a admitir a trámite, en el Pleno previsto esta semana, el recurso del Defensor del Pueblo contra tres disposiciones de la ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que en la práctica permiten la caza del lobo, especialmente ahora que la Unión Europea (UE) ha rebajado la protección de la especie.

La ponencia de este asunto ha recaído en el magistrado progresista Juan Carlos Campo, que propone admitirlo a trámite para su estudio, al que contará con el aval de la mayoría de la corte de garantías, de acuerdo con las citadas fuentes. En concreto, el recurso se dirige contra tres disposiciones: la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena. El Defensor del Pueblo interpreta que las dos primeras disposiciones vulnerarían el artículo 45 de la Constitución –derecho al medioambiente– y la tercera, el 24.1 –derecho a la tutela judicial efectiva–. La disposición adicional octava establece que las autorizaciones excepcionales para cazar lobos –y cualquier especie depredadora con alto impacto en el sistema productivo incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre)– podrá justificarse en “la eficiencia del sistema productivo”, además de en las otras razones ya previstas en la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

En este sentido, el Defensor ha criticado entre otros detalles los términos “tan indeterminados y confusos” en los que está redactada, que “hace que no sea preciso invocar ninguna situación especial o extraordinaria (...) para entrar en juego”. La disposición transitoria única marca la salida inmediata del Lespre de las poblaciones de lobo al sur del Duero, en caso de que se modifique su régimen de protección a nivel comunitario, algo que ya ha sucedido.