Educación analizará si la puntuación a hijos de cooperativistas en acceso a centros concertados "colisiona con la LOE"

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha explicado que en el marco de los trabajos del nuevo decreto sobre Programación de la Oferta y Admisión Educativa en la Comunidad Autónoma vasca, el departamento va a "revisar todos los criterios de baremación" para saber si la puntuación que se otorga en el acceso a los centros escolares concertados constituidos como cooperativa a los hijos de cooperativistas, "puede colisionar con la prohibición que se establece en el artículo 88 de la LOE" para que los centros no reciban cantidades económicas por parte de las familias.

En el pleno de control al Gobierno que está celebrando la Cámara vasca, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha preguntado a la consejera de Educación sobre "el principio de gratuidad que debe respetar cualquier centro educativo concertado".

CENTROS ESCOLARES CONCERTADOS

Según ha explicado, la dirección del régimen jurídico del Departamento de Educación ha planteado "en diversas ocasiones e informes la necesidad de suprimir la puntuación que se otorga en el acceso a los centros escolares concertados a hijos e hijas de cooperativistas", ya que "esta medida colisiona con la prohibición que se establece en la LOE de que los centros cobren cantidades económicas a las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, que están financiadas con dinero público a través de la concertación".

Hernández ha señalado que este año la dirección de régimen Jurídico del Departamento de Educación ha vuelto a incluir esa recomendación en el informe en relación a la orden para la admisión de alumnas y alumnos para el curso 2025/2026 y ha preguntado por qué el Gobierno Vasco "mantiene en la normativa de admisión una puntuación sobre un elemento que conlleva la obligación de un pago económico para familias y que, por lo tanto, invalida ese principio de gratuidad que debe respetar cualquier centro educativo concertado".

"Incluir esa puntuación en la baremación supone de facto que a muchas familias se les está cobrando una cantidad, lo cual es incompatible, según la ley, con el principio de gratuidad que debe regir en todos los centros, por supuesto públicos, pero también en los concertados, sean cooperativas o sean de otro tipo", ha insistido.

La consejera de Educación ha explicado que este criterio "no es nuevo está recogido en el decreto que regula la admisión del 2018 y en la modificación del año 2022" y ha señalado que "los cambios principales incorporados en el año 2022 se centraron fundamentalmente en modificaciones para la mejora de la adopción de las medidas necesarias para actuar de forma preventiva con el alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa, con el objetivo de favorecer el éxito escolar".

Además, ha señalado que "la orden que está regulando el proceso de matriculación para el curso 2025-2026 es una disposición normativa que operativiza el decreto vigente, es decir, el del 2018 con la consecuente modificación del 2022". "Por ello, no pueden suprimirse arbitrariamente los criterios establecidos en el mismo", ha indicado.

NUEVO DECRETO

La titular de Educación ha recordado que ya informó el pasado mes de abril en la Comisión de Educación de que han iniciado la tramitación del nuevo decreto sobre Programación de la Oferta y Admisión Educativa en la Comunidad Autónoma vasca.

"Será un nuevo decreto que se adecue a los preceptos de la nueva ley de educación y aglutine en un único marco dos conceptos mutuamente interrelacionados recogidos actualmente en decretos diferentes: la planificación y el proceso de admisión", ha señalado.

Pedrosa ha defendido que "en este marco se debe establecer la pertinente reflexión y revisión acerca de todos los criterios de baremación, que es precisamente lo que el informe jurídico departamental recoge". "Entendemos necesaria una reflexión sobre si puede colisionar con la prohibición que se establece en el artículo 88 de la LOE", ha añadido.

Sin embargo, la consejera ha destacado que este criterio "supone únicamente una baremación de 0,5 puntos frente a criterios realmente de peso, como son el domicilio del alumno o alumna en la zona de influencia del centro solicitado, 5 puntos; o por ejemplo, que haya uno o más hermanos o hermanas matriculados en el centro solicitado en un centro adscrito, que son 9 puntos".

Pedrosa ha insistido en que su departamento va a "seguir implementando medidas sistémicas en el proceso de planificación y admisión que permitan abordar el reto que supone la segregación escolar".

En este sentido, ha explicado que se trata de "medidas que mejoren la situación de manera gradual y progresiva" como "guardar plazas para el alumnado vulnerable en los colegios con mayor índice de vulnerabilidad o darles más medios". "Vamos a dar pasos", ha subrayado.