El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) propone, en su Memoria Judicial, la interoperabilidad de los sistemas Virgen Dos, del Ministerio de Interior, y Eba, de la Ertzaintza, para "garantizar la máxima protección a las víctimas de la violencia machista", entre otros objetivos para este año 2024.

El tribunal vasco ha dado a conocer este martes la Memoria Judicial 2023, aprobada por el pleno de la Sala de Gobierno, que recoge la evolución de los diez objetivos fijados en 2021 para avanzar en la mejora del sistema judicial, los principales indicadores estadísticos del ejercicio, una descripción de los órganos judiciales de Euskadi, necesidades de nuevas unidades judiciales y cifras sobre la carrera judicial vasca y su estructura demográfica, entre otros.

Por lo que respecta a la evolución del plan de objetivos, el documento incluye las actuaciones llevadas a cabo desde 2021 en los diez ámbitos considerados prioritarios y una proyección para 2024.

Más juzgados para descongestionar

Entre ellos, se encuentra el desarrollo de una Justicia organizada al servicio de una tutela judicial efectiva, un ámbito donde se ha incidido en la necesidad elaborar un plan de sedes judiciales que permita "solventar los problemas de congestión de los actuales edificios que se concentran, fundamentalmente, en las tres capitales" vascas.

En este ámbito, se recoge la elaboración este 2024 del mapa judicial de la Comunidad Autónoma del País Vasco "sobre las necesidades de planta judicial para la adopción de las peticiones de creación de nuevas unidades judiciales, así como de las propuestas de medidas de apoyo a los órganos judiciales".

Este mapa, anunciado por el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, en la apertura del año judicial, se encuentra en fase de elaboración y está vinculado con el informe, recientemente aprobado también por el pleno del Superior vasco, que considera prioritaria la creación en 2024 de un nuevo juzgado de Primera Instancia en San Sebastián y otro de lo Social en Bilbao.

Según han explicado desde el TSJPV, esta propuesta ha sido ya remitida al Consejo General del Poder Judicial para su elevación al Gobierno central, que será el encargado de determinar el número de nuevos juzgados que se van a crear en este ejercicio y los que le corresponderán a Euskadi.

Implementar las nuevas tecnologías

En el objetivo de "una justicia tecnológicamente avanzada", la Memoria recoge la finalización en 2023 del despliegue del sistema Avantius en toda la comunidad autónoma y propone seguir avanzando en la mejora del procedimiento judicial digital, con especial incidencia en el respeto a las garantías jurídicas en los juicios telemáticos y la neutralización de la brecha digital.

Acceso para los discapacitadas

En materia de acceso a la Justicia de las personas con discapacidad, el documento recuerda la obligatoriedad de "remover obstáculos" que impidan o dificulten la accesibilidad de este colectivo e incide en el análisis periódico de la situación de los órganos judiciales con competencia en discapacidad para la adopción de las medidas previstas en la Ley 8/2021 que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a este colectivo.

Mejor protección de las víctimas de violencia machista

En el objetivo de "una justicia que proteja a las víctimas de violencia de género", el tribunal subraya que implica "un espacio de acogida y acompañamiento", marco en el que cita la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer --la última de ellas la realizada en Bilbao el pasado 2023-- a las exigencias contenidas en el Estatuto de la Víctima para garantizar espacios y accesos separados entre víctimas y victimarios.

En este ámbito, se propone para este año "la interoperabilidad" entre los sistemas Viogen Dos y Eba, del Ministerio de Interior y la Ertzaintza, para "garantizar la máxima protección de las víctimas de la violencia machista". También se plantea la elaboración de una guía informativa sobre los derechos de las víctimas en el momento de la denuncia.

El TSJPV también apuesta por una Justicia que incorpore la restauración y la mediación con diferentes planes formativos y de análisis, y por "una Justicia acogedora para los menores".

En esta materia, destaca que se ha llevado a cabo un reforzamiento de los equipos psicosociales judiciales para la práctica de la prueba preconstituida y se trabaja en la implantación del plan piloto del proyecto Barnahus en Álava.

En el apartado de colaboración entre la Justicia y el sector educativo vasco, el Superior vasco continuará, entre otros, con el programa Educar en Justicia y el Prácticum en el Grado en Derecho y Criminología de la UPV/EHU con los objetivos de acercar al alumnado al sistema judicial y aportar conocimientos específicos en la formación de los universitarios, respectivamente.

El TSJPV también se compromete a "coadyuvar en el marco de sus competencias para que el desempeño de la actividad jurisdiccional sea compatible con las exigencias de la salud laboral" y a trabajar por "una Justicia que se imparte en una sociedad bilingüe". Entre las propuestas en este último apartado, se encuentra el estudio de la viabilidad de un proyecto piloto de juicios en euskera que se está elaborando.

Otro de los objetivos del Superior vasco es "una Justicia que procure la igualdad", para lo que propone realizar un diagnóstico entre los miembros de la carrera judicial adscritos al territorio para, si fuera necesario, poder plantear medidas correctoras.   

Actividad de los juzgados

La Memoria Judicial recoge, asimismo, los principales indicadores estadísticos sobre la eficiencia en los juzgados y tribunales vascos en 2023, actualizados a mayo de 2024. Entre ellos, se refleja que durante el pasado ejercicio el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales de Euskadi fue de 228.253, lo que supone 4.243 menos que en 2022.

La tasa de litigiosidad en Euskadi --que mide asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes-- alcanzó el valor de 103,1, con un descenso del 1,9% respecto del año anterior. La tasa se sitúa por debajo de la media del Estado, de 145,6.

Las jurisdicciones Civil, Penal, Contencioso-Administrativo y Social habían resuelto, al cierre de 2023, un total de 207.799 asuntos. De este modo, la tasa de resolución en el País Vasco (que indica el cociente entre asuntos resueltos y los ingresados) se situó en 0,91, con una disminución del 6,2% con respecto al año anterior. La tasa de congestión fue de 1,64 y la de pendencia de 0,64, ambas superiores a las del ejercicio de 2022.

En Euskadi existen 14 partidos judiciales, dos de ellos en Álava, seis en Bizkaia y otros seis en Gipuzkoa, y un total de 168 órganos judiciales, unipersonales y colegiados, según los datos de 2023.

A 1 de enero de 2024 estaban en activo en Euskadi 224 jueces (140 mujeres y 84 hombres), con una edad media de 51,1 años. Este dato representa una tasa por cada 100.000 habitantes de 10,1, por debajo de la media estatal de 11,3.