La Ertzaintza creó en 2015 un Plan estratégico para actuar de manera preventiva frente a los delitos de trata y de prostitución coactiva, que aportó datos fiables de 2022 que se van a repetir en cifras en 2023: Hay alrededor de 1.100 mujeres prostituidas en unos 200 lugares de la Comunidad Autónoma, la mayoría en pisos y chalés, si bien este año se ha empezado a detectar el uso de viviendas de alquiler turístico por horas, según ha señalado a Efe la intendente jefa de la Policía Científica de la Er-tzaintza y responsable del citado plan, Patricia Martínez de Musitu.
Los datos revelan que el 60% de la prostitución se ubica en Bizkaia, mientras Gipuzkoa y Araba se reparten a medias el otro 40%.
Un 95% de las personas que ejercen la prostitución son mujeres, de ellas un 98% son extranjeras en estancia irregular. Proceden en un 80% de Latinoamérica, aunque también hay mujeres procedentes de China, Nigeria, Rumanía y tres casos de ucranianas. En Euskadi también ejercen la prostitución un 4% de personas transexuales y un 1% de hombres.
A día de hoy hay agentes TSH en todas las comisarías y acuden como clientes con una cita a lugares donde se ejerce la prostitución. Una vez allí, exponen que son er-tzainas “y habitualmente, no nos echan, salvo los pisos con mujeres originarias de Asia”, que siguen siendo inescrutables, relata Martínez de Musitu.
Los agentes trasmiten a esas mujeres que acuden a asegurarse de que nadie les obligue a hacer lo que no quieran y les entregan tarjetas con un número de teléfono. “No perseguimos lo que hacéis. La Ertzaintza es la policía de todas las personas que viven en Euskadi aunque sea temporalmente; os podemos ofrecer ayuda si la necesitáis y os podemos poner en contacto con organizaciones que os acompañen para salir de este mundo”.
Pero “las primeras que intentan invisibilizar el delito son las víctimas porque tienen que pagar una deuda y piensan que la Ertzaintza no va a proteger a sus familias en sus lugares de origen”, por lo que “no esperamos que se sinceren en el piso, pero en ocasiones llaman para advertir de situaciones de otras chicas que consideran de riesgo”. Entonces se inicia una investigación policial por especialistas en víctimas de trata y se activan los servicios de acompañamiento de las posibles víctimas. “La rapidez en crucial; puede estar en peligro la vida de una mujer o la de su familia y todo nuestro plan se centra en protegerla”. Solo después actúan contra los autores del delito.
Necesidad de una ley
Para poder procesarlos no debería ser necesaria la denuncia de la víctima, “pero en la práctica, sin ella no hay condena”. Aunque la víctima acuda a declarar con protección, “sus captores ya saben quién les ha denunciado” y “es realmente difícil de conseguir” proporcionarle total seguridad porque se enfrenta “a mafias de trata trasnacionales con muchísimo poder”, advierte la intendente jefe de este plan.
Por ello, avisa de la necesidad urgente de contar con una ley integral de trata y con una Fiscalía especializada en estos casos, tan delicados y tan difíciles de perseguir.
La intendente expresa su satisfacción tras haber logrado sacar de esas redes de trata a unas veinte mujeres, aunque otras muchas no lo harán porque “cada una lleva su mochila, necesitan dinero para sus hijos y tienen miedo”. “Todas empiezan diciendo que solo serán unas semanas” y que luego lo dejan, pero “no pueden salir de ahí” porque además, la mayoría son madres y necesitan enviar parte de sus ingresos para la manutención de sus hijos.
Viven vigiladas de cerca por la mami y se ven obligadas a consumir droga. “A veces la droga es la única manera de aguantar esa vida”. Trabajadoras y voluntarias de Nueva Vida se acercan a esas mujeres, les proponen hacerse la prueba del VIH y les ofrecen ayuda psicológica, así como asesoramiento legal y para hacer trámites como obtener la tarjeta sanitaria, las escuchan sin juzgarlas y establecen vínculos para dejar así una puerta abierta a quienes tratan de salir de esa vida.
