El Consejo de Gobierno da luz verde al proyecto de la Ley vasca de Cooperación

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de la nueva Ley vasca de Cooperación y Solidaridad. La normativa busca optimizar los recursos, así como coordinar las acciones a nivel institucional y social para sumar más voluntades, recursos y capacidades a favor de los objetivos del desarrollo y la justicia global.

 El proyecto de ley refuerza el objetivo del 0,7%, e introduce cambios sustanciales respecto a la legislación en vigor. Para empezar la nueva norma se aplicará, al contrario que la anterior, a todas las instituciones públicas. El Gobierno vasco, las diputaciones forales así como los ayuntamientos, y otras entidades públicas como Eudel o la UPV/EHU, estarán obligadas a introducir en sus políticas la perspectiva de la cooperación para analizar el impacto de sus políticas en el entorno cercano o en otros países, y en las futuras generaciones.

 La normativa contempla medidas reguladoras especiales para las ayudas y las subvenciones en materia de cooperación y desarrollo con el objetivo de restar trabas y agilizar su tramitación. En definitiva, el proyecto de ley pretende afrontar los retos en esta materia de manera corresponsable y poniendo el foco y convirtiendo en protagonistas de su destino a las poblaciones del Sur.

Euskadi, a a cabeza de la cooperación

Esta ley en la que trabaja el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales busca mantener a Euskadi a la vanguardia de la cooperación internacional. No en vano, Euskadi es la segunda región a nivel mundial, solo por detrás de Flandes, en volumen de fondos destinados a iniciativas solidarias.

 Según un informe de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo eLankeditza, en 2020 Euskadi destinó alrededor de 49 millones de euros a iniciativas solidarias. El 80% de los proyectos que se llevaron a cabo se desarrollaron en un país extranjero, y el 90% de los fondos fueron canalizados por las ONGs.

Traslado al Parlamento Vasco

El proyecto de ley ha recibido a luz verde del Consejo de Gobierno tras dos años de trabajo y después de un proceso participativo. Ahora el texto, que sustituirá a la anterior ley de 2007, será remitido al Parlamento Vasco para continuar su tramitación hasta su aprobación.