El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Luis del Río, cree que la normativa en materia de tráfico es “bastante exigente”, si bien se muestra abierto a que se estudie la modificación de las actuales tasas de alcoholemia hasta llegar a una tasa cero. Aunque asegura: “Me conformaría con que se cumpliese la legislación vigente”. En una entrevista con Efe, Del Río recuerda que la conducción bajo el influjo del alcohol o las drogas sigue ocupando “un papel protagonista” dentro de los delitos contra la seguridad vial.
De hecho, de las 104.660 condenas en 2022, 59.461 fueron dirigidas a conductores que circulaban con una tasa de alcohol por encima de la permitida (0,25 miligramos por litro en aire espirado) o que habían consumido drogas.
Preguntado si habría que ir hacia una tasa cero de alcoholemia en la conducción, responde: “Claro que se puede estudiar si se modifican las tasas máximas pero, en principio, yo me conformaría con cumplir lo que dice la legislación vigente”.
Consumo de drogas
Mientras que acreditar el consumo de alcohol en los conductores mediante test es fácil, no ocurre lo mismo en el caso de las drogas, un ámbito en el que, reconoce, “aun queda algo por mejorar en cuanto a las tecnologías para detectar” el consumo.
Asegura el fiscal que desde el punto de vista jurídico se ha intentado que las policías de tráfico actúen siempre “de la forma más rigurosa posible con todas las garantías para poder utilizar los resultados obtenidos ante los tribunales”.
Del Río precisa que se está realizando “un gran esfuerzo” para instruir a los agentes en la detección del consumo de drogas al volante, una parte de los cuales “están debidamente formados, sin perjuicio de que todavía se puede mejorar”.
El fiscal ha achacado el incremento de los delitos de tráfico registrado el pasado año a que se ha perdido la conciencia vial debido a las restricciones que se establecieron durante la pandemia y aboga por trabajar en la prevención, la educación y la sanción.
“Antes de la pandemia habíamos conseguido una conciencia ciudadana bastante buena en cuanto a seguridad vial; sin embargo, tras la misma, parece que se ha perdido parte de ella y seguramente habrá ciudadanos que no perciban” los delitos de tráfico “con la misma intensidad que otro tipo de delitos”, señala.
Afirma rotundo que no hay impunidad en este tipo de delitos. “Siempre que se detectan se elaboran los correspondientes atestados y se remiten a la autoridad judicial. Otra cosa es la sensación subjetiva que pueda tener el ciudadano de que la conducta es más o menos grave”.
El fiscal reconoce que los conductores reincidentes son un problema sobre el que hay que trabajar específicamente. Desde el punto de vista jurídico, se insta a la aplicación del agravante de reincidencia que recoge el Código Penal, “pero posiblemente haya que adoptar también otro tipo de medidas sanitarias y sociales para dar la necesaria atención a estos casos”, apunta.
A su juicio, las penas son lo “suficientemente intensas” como para que el ciudadano que ha cometido un delito contra la seguridad vial sepa que tiene consecuencias, tanto condenas de prisión como el pago de una multa, la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores y hasta el decomiso del vehículo “en casos muy graves”.
Finalmente el fiscal de Seguridad Vial reconoce que es “bastante complicado” actuar desde la Fiscalía contra los puntos negros en las carreteras (los que concentran un gran número de accidentes), aunque sí lo hace indirectamente poniendo en conocimiento de la correspondiente administración pública cuando se detecta uno de ellos.
