El Gobierno aprobó ayer martes el texto de la nueva ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que deroga la aprobada hace dos décadas por José María Aznar y que busca remediar la infrafinanciación que arrastra la Universidad desde la crisis del 2008 y el deterioro de las condiciones de trabajo de sus plantillas.
En su preámbulo, el proyecto recalca que su intención no es “imponer soluciones ni trazar caminos concretos”, una de las ideas reiteradas por el ministro de Universidades, Joan Subirats, durante su redacción y consecuencia de lo cual el texto resultante es mucho menos detallado que el presentado por su antecesor, Manuel Castells.
Tras la aprobación en Consejo de Ministros de la tercera reforma universitaria en democracia, el texto entrará la próxima semana al Congreso de los Diputados para su tramitación y posterior entrada en vigor, prevista para el primer semestre de 2023.
Subirats explicó que “de momento” las señales que ha recibido de los grupos parlamentarios son “positivas” en relación con su ley, que necesita mayoría absoluta para su aprobación por su carácter orgánico.
Contratos temporales
La reforma obligará a que los contratos temporales no excedan el 8%, frente al 40% que permite la legislación vigente; manda a las universidades a dedicar al menos un 5% de su dinero a investigación propia y plantea una inversión mínima del 1% del PIB, sin aclarar el horizonte temporal en el que se alcanzará dicho porcentaje.
Con este 8% máximo de temporalidad del personal docente e investigador en los campus públicos, se quiere poner fin a la precariedad asociada a determinadas figuras del profesorado laboral, ofreciendo vías de entrada adecuadas para que continúen la carrera académica si cumplen determinados requisitos.
Otro de los cambios introducidos se refiere a la formación a lo largo de la vida para dar respuesta a las necesidades competenciales en la edad adulta y por el cambio demográfico previsto en los próximos años. Así, habrá títulos propios de formación mediante microgrados y otros programas de corta duración.
Según explicó el ministro, la idea es alcanzar el objetivo europeo de que un 60% de la población de 16 a 75 años esté en proceso de formación para 2030, un porcentaje que actualmente se sitúa en el Estado en un 15%.
En cuanto al alumnado, la LOSU reconoce por primera vez el derecho al paro académico sin que la no asistencia a clase o examen implique una sanción o castigo por este motivo, y manda crear un Consejo de Estudiantes en cada universidad.
