Nueve años después del inicio en 2013 de su accidentada instrucción y con media docena de causas desgajadas del sumario principal, el caso Kote Cabezudo Kote Cabezudollega hoy a su punto álgido con la celebración del juicio por los presuntos delitos de índole sexual supuestamente cometidos contra 17 de sus modelos.

La vista tendrá lugar en la Audiencia de Gipuzkoa y se desarrollará, de lunes a jueves, a lo largo de veinte jornadas en las que declararán decenas de víctimas, testigos y peritos.

En la vista, el fotógrafo donostiarra se enfrentará a una petición de 121 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía por 32 presuntos delitos de índole sexual, pornografía infantil, estafa y contra la integridad moral de 16 de sus modelos supuestamente cometidos entre los años 1992 y 2013.

La acusación particular, que ejerce el letrado Mario Díez en representación de 17 mujeres (respecto a otras cuatro los hechos han prescrito), eleva su solicitud de condena hasta 2.338 años de prisión, ya que entre los numerosos delitos que imputa a Cabezudo incluye también 152 de abuso sexual con penetración.

Asimismo, este abogado pide indemnizaciones que ascienden a un total de 1.715.000 euros para las perjudicadas, mientras que el Ministerio Público demanda un millón.

Con la celebración de la vista culminará casi una década de investigaciones judiciales de este asunto, cuya instrucción, de la que se han encargado tres magistrados principalmente, arrancó en 2013 y de la que cuelgan numerosas causas de menor entidad derivadas del sumario principal.

Otras casos ya juzgados

Algunos de estos sumarios judiciales ya han sido juzgados y cuentan incluso con condenas en firme contra el procesado por asuntos como obstrucción a la justicia, aportar documentos falsos a los tribunales y desobediencia a la autoridad judicial, si bien aún quedan al menos dos pendientes de ser juzgadas.

La vista por la causa principal, que consta de cuarenta tomos y cerca de 15.000 folios, tendrá lugar ahora a escasas fechas de que el fotógrafo alcance los cuatro años de prisión provisional que constituyen el máximo permitido por la ley, ya que fue ingresado en la cárcel de Martutene el 4 de mayo de 2018 y su reclusión fue prorrogada dos años después.