Una amplia mayoría del Parlamento Vasco avaló ayer jueves la renovación de la financiación de los 294 colegios concertados en los que estudia la mitad del alumnado vasco. Además, cuando la futura Ley Vasca de Educación entre en vigor dentro de un año la cuantía de los conciertos educativos se deberá adaptar a las cláusulas sociales que el nuevo marco legal establezca para evitar la segregación del alumnado más vulnerable en los colegios públicos, que escolarizan al 66,5% del alumnado extranjero frente al 33,5% en la red concertada, fundamentalmente en Kristau Eskola.
Este pronunciamiento no habría suscitado interés alguno si no hubiese sido porque Elkarrekin Podemos quiso poner en solfa la continuidad de los conciertos para limitar su vigencia dos años, aprovechando que el Pacto Educativo presentado el martes abogue por reformar la financiación de la Escuela Vasca de forma que la futura ley garantice la "gratuidad real eliminando las cuotas" que se cobran en aras de la equidad. Y no gratis et amore, o por un interés oculto del Gobierno vasco de favorecer a la concertada, sino a cambio de que estos colegios -a través de un nuevo contrato-programa- rindan cuentas de los dineros públicos que ingresan y cumplan una serie de exigencias en sus procesos de acceso para evitar que la red pública concentre el grueso los estudiantes con mayores dificultades (migrantes, de bajos ingresos o con necesidades educativas especiales).
Si no hubiese sido por todo este ruido ambiente, la enmienda aprobada con los votos a favor del PNV, EH Bildu, PSE-EE y la abstención de Elkarrekin Podemos, no hubiese sido noticia. De hecho, con toda probabilidad el debate ni siquiera habría llegado al Parlamento ya que el Departamento de Educación renueva automáticamente el pago delegado a los colegios privados cada seis años desde el Real Decreto de 1985. Es decir, se trata de un trámite rutinario que deriva de una legislación básica y este año toca renovar porque expira la vigencia del concierto para el periodo 2012-2022.
Hasta ahora la cuantía de los conciertos (algo más de 550 millones al año) se calcula al margen de las cláusulas sociales que podría incluir la futura ley. Solo se toma en consideración el número de matrículas y de los grupos formados en cada centro. Este dinero, en teoría, se destina a los gastos de personal y al funcionamiento ordinario de los colegios ya que, por ley, la educación es gratuita.
Pero es harto conocido que la concertada lleva décadas cobrando a las familias unas cuotas -a todas luces alegales- bajo conceptos como "donaciones", "aportaciones" o "servicios complementarios" que, en la práctica, sirven en muchos casos para costear la propia docencia. Y es que según defienden las propias patronales, como Kristau Eskola o Ikastolen Elkartea, la red concertada vasca estaría "infrafinanciada" porque percibe el 33% de los fondos públicos, cuando matricula al 49% del alumnado.
Pacto Educativo
Todavía quedan por delante varios meses de debate para saber en qué se sustancia el deseo expresado por el mundo de la enseñanza en Pacto Educativo para que el Gobierno vasco garantice "la gratuidad real eliminando las cuotas de la escolarización". Y aunque la mayoría del Parlamento tumbó moción de Elkarrekin Podemos para no extender los conciertos más allá del curso 2023-2024 "de cara a no hipotecar" durante seis años el diseño del futuro sistema educativo, el debate sirvió para volver a ver las posturas de los grupos respecto a la futura ley.
Por ejemplo desde el PNV, Leixuri Arrizabalaga dejó claro que los conciertos deben renovarse ahora conforme a la ley actual, pero aseguró que los criterios aprobados son un "compromiso firme y claro" por parte del Gobierno vasco. Defendió la convivencia de ambas redes por ser una "peculiaridad" del sistema vasco y no una "anomalía" y en relación al documento del Pacto Educativo con el que trabaja la ponencia parlamentaria se comprometió a trabajar con "sinceridad" y pidió a Elkarrekin Podemos-IU "valentía" para sumarse a un acuerdo.
Desde el PSE-EE, partido que comparte responsabilidades de gobierno con el PNV, José Antonio Pastor consideró que los conciertos educativos se deben renovar para evitar "situaciones indeseadas", como que los colegios no tengan dinero, e indicó que la nueva ley "algo tendrá que decir sobre ellos". Por su parte, Ekoitz Arrese (EH Bildu) se centró en el debate en torno a la nueva ley y afirmó que "el no acuerdo no es una opción". "Estamos a las puertas de un gran acuerdo de país" en el que confía puedan "estar las cuatro fuerzas principales". Esto es PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PSE-EE.
