Admite los hechos el líder de una de las mayores redes de pronografía infantil

El líder de la red de pornografía infantil desarticulada en Tortosa (Tarragona) en 2015, una de las mayores de España con 103 víctimas, ha reconocido los hechos pero ha asegurado que algunos menores dieron su consentimiento, en el juicio que ha comenzado este martes en la Audiencia de Tarragona. La trama desmantelada en Tortosa en 2015 estaba formada por siete hombres que captaban menores para llevarlos a un piso de esa ciudad y allí someterlos a prácticas sexuales que grababan a cambio de cinco euros o menos.

Los dos encausados que son juzgados desde hoy en la Audiencia de Tarragona lograron fugarse en noviembre 2019, pero fueron detenidos en Francia en mayo pasado; otro sigue en busca y captura internacional y los cuatro restantes ya fueron juzgados y condenados a prisión. En el juicio que se celebra a puerta cerrada ha declarado el líder de la trama, Jean Luc A., quien ha admitido los hechos pero ha asegurado que algunos menores le dieron su consentimiento, según el letrado de la DGAIA (Dirección general de atención a la infancia) de la Generalitat.

Jean Luc A. y el otro encausado están acusados de abusos sexuales, corrupción de menores, producción y distribución de material pornográfico con menores y pertenencia a una organización criminal. La defensa de Jean Luc A. sostiene que ha mostrado arrepentimiento y que una parte de los archivos, de uso privado, contaban con el consentimiento de los menores.

Por el contrario, el letrado de la DGAIA asegura que el consentimiento es inadmisible en esta causa, ya que todas las víctimas eran menores que, además, sufrían una grave situación de vulnerabilidad. El cabecilla de esta red tiene antecedentes por distribución de pornografía, por unos hechos muy similares cometidos en Barcelona también con menores de familias desestructuradas o muy pobres.

Esta investigación ha permitido identificar a 103 víctimas, siete de ellas tuteladas por la DGAIA, por lo que las calificaciones provisionales de la Fiscalía ascienden a 1.179 años de cárcel (por el cómputo de cada víctima) para el cabecilla de la red y 720 años para el otro encausado.