Responsables del Observatorio del Ebro han declarado este martes durante la segunda sesión del juicio por el caso Castor, que produjo unos 500 seísmos en el norte de Castellón en septiembre de 2013, y han asegurado que se alertó de la posible sismicidad inducida que podía producir la inyección de gas pero reconocen que todavía hay "incertidumbres" sobre el origen de los sismos.

Así se ha manifestado hoy durante la segunda sesión del juicio que arrancó ayer en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón y en la que figuran como acusados el expresidente de Escal UGS y su ex consejero delegado, Recaredo del Potro y José Luis Matínez Dalmau. Las 11 sesiones previstas se prolongarán hasta el 15 de noviembre.

Varios miembros del Observatorio del Ebro han declarado durante la sesión, entre ellos el que en 2013 era director, Joan Miquel Torta, quien ha indicado que si bien existía cierto "rechazo" en la población ante la construcción del proyecto, era "por ser una acción con posible repercusión en el medioambiente, pero no a causa de la sismicidad" que pudiera provocar. Torta ha explicado que el Observatorio manifestó a Escal UGS que "podría haber sismicidad inducida" y este extremo se tuvo en cuenta y se incluyó en la informe de impacto ambiental.

Del mismo modo ha indicado que su propuesta técnica fue aceptada por Escal UGS y de este modo se instalaron dos sismómetros para que el propio Observatorio del Ebro hiciera el registro de datos, el seguimiento y las alertas. Del Observatorio también ha declarado la que entonces era su responsable de la Sección de Sismología, Arantza Ugalde quien en 2005 alertó por carta de que la inyección de gas puede "resultar desencadenante de estados sísmicos en la falla" pero ha señalado que a la vista de lo ocurrido se ha concluido que la falla causante de los seísmos de septiembre de 2013 es más profunda que la de Amposta y no está cartografiada y que "perviven aún las incertidumbres sobre la causa de los seísmos".

La inyección, a juicio de Ugalde, "pudo haber disparado la propia sismicidad" de esa falla más profunda y ha señalado que en cualquier caso, "no se puede anticipar el estado tensional de una falla o si está o no a punto de romper". Ugalde ha señalado también que es el Instituto Geográfico Nacional quien determina en un mapa la peligrosidad sísmica de la zona y en la zona del Castor era "muy baja". Asimismo ha añadido que, tras revisar ese mapa después del Castor, "sigue siendo igual".

También ha declarado Sergio López, quien era subdirector general de Hidrocarburos, y ha indicado que cuando se produjo un aumento de la sismicidad entre el 10 y el 13 de septiembre (detectada por el Observatorio del Ebro), se pidió un informe a Escal que explicaba que "se estaba monitorizando la situación" y se trasladó desde la empresa que se había reducido el caudal para estabilizar la situación.

López ha indicado que Escal UGS cumplió en todo momento con los requerimientos que se le hicieron por parte del Ministerio. Jaime Suárez, quien era director de Política Energética y de Minas, ha indicado que "la cantidad de sismos que se produjo inicialmente tenían una intensidad de 1 o 2" durante la inyección, pero después, días después de haber cesado esta -a partir del 24 de septiembre- "hubo uno de 3,6 y por eso se tomó la decisión de que Escal parara la inyección". Decisión que llegó el día 26, cuando la inyección ya había finalizado el día 17.

A partir de ese primer seísmo de 3,6, se produjeron otros que llegaron hasta los 4,2 grados de intensidad. Finalmente la actividad del Castor se cesó por el Ministerio en junio de 2014, ha indicado Suárez. También han declarado varios testigos que trabajaban en diferentes puestos de trabajo en la plataforma marina del Castor, frente a la costa de Vinaròs. Han explicado que durante la inyección -del 2 al 17 de septiembre de 2013- no notaron los sismos, sino que fue a posteriori cuando sintieron esos temblores.