La Fiscalía del País Vasco considera que en 2020 las instituciones vascas realizaron un esfuerzo "ímprobo y extraordinario" para hacer frente a la pandemia de covid-19 en las residencias.
La Memoria de la Fiscalía de 2020 destaca que durante la primera ola de la pandemia las diputaciones forales y el departamento de Salud realizaron un esfuerzo "ímprobo y extraordinario a nivel de medios personales y materiales" para contener el covid-19 en las residencias, pese a las carencias mundiales que había en aquel momento de medios de seguridad.
Según los datos de la Fiscalía, en las 315 residencias de Euskadi, con cerca de 17.000 usuarios, fallecieron durante la primera ola 615 personas (292 en Bizkaia, 154 en Álava y 167 en Gipuzkoa), aunque la cifra será mayor porque entonces "no se hacían todas las pruebas de detección por falta de ellas, de ahí que probablemente, haya fallecimientos por esa causa que no estén diagnosticados como tales".
La Fiscalía, que tiene una comunicación "constante y fluida" con diputaciones y Salud en esta cuestión, señala que en la segunda ola (que empezó en verano de 2020) fallecieron en las residencias 304 mayores (142 en Bizkaia, 37 en Álava y 125 en Gipuzkoa).
Las fiscalías vascas mantienen abiertos los expedientes incoados de forma general sobre la vigilancia de las residencias ante la covid-19 que fueron ordenados por la Fiscalía General del Estado, y también seguía en trámite a finales de 2020 una denuncia del Movimiento de Pensionistas en Gipuzkoa.
En cambio, el resto de denuncias presentadas en 2020 ya han sido archivadas. En Bizkaia las dos que formularon el Movimiento de Pensionistas y la asociación de familiares Babestu y en Araba las que presentaron Vox y el PP, así como tres de particulares por un traslado de residencia y por un fallecimiento.
