El Tribunal Administrativo de Navarra ha declarado nula la suspensión, por parte de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Iruñea, liderada por Navarra Suma, del contrato con los payasos Pirritx, Porrotx eta Marimotots para que actuaran en Baluarte el 29 de noviembre de 2019.

La resolución estima parcialmente el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la concejalía delegada de Cultura e Igualdad, de 27 de noviembre de 2019, por la que se desiste del contrato celebrado con objeto de representación de la obra "Bizi dantza" el 29 de noviembre en Baluarte. El contrato había sido suscrito por el anterior equipo de gobierno de EH Bildu.

Esta estimación parcial, continúa, implica la revocación de la resolución impugnada por causa de nulidad y se desestima la petición de que se haga cumplir el contrato, reconociendo al recurrente el derecho a percibir una indemnización por lucro cesante equivalente al 6 % del precio de adjudicación del contrato.

En ella se apunta, entre otras cuestiones, que se ha procedido a la resolución contractual por "desistimiento del Ayuntamiento de plano, sin audiencia previa a la contratista, lo que puede haber originado indefensión".

En cuanto a los aspectos de fondo, subraya que el Consejo de Estado ha señalado reiteradamente que la potestad de resolver el contrato por voluntad de la Administración exige la concurrencia adecuadamente motivada de un interés público que la legitime.

Y en este caso, el Tribunal Administrativo de Navarra, considera que "no se ha justificado debidamente la existencia de causa de interés público en el desistimiento".

Respecto a que "la discrecionalidad de juicio en la elección de esta compañía teatral no puede ser asumida por el equipo de Gobierno en la actualidad" de Navarra Suma (el contrato se realizó con el anterior equipo de EH Bildu), el TAN rechaza esa circunstancia como causa hábil para rescindir unilateralmente el contrato.

En ese sentido argumenta que no ha quedado acreditado que la obra a representar lo fuera en representación o al servicio de grupos o colectivos de un determinado signo político o ideológico o contraria a planes de infancia o convenciones de derechos de la infancia como mencionaba el Ayuntamiento.