Sancionados por retrasos dos magistrados navarros del 'caso La Manada'

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha confirmado recientemente a través de su promotor de Acción Disciplinaria sendas multas a dos de los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, Ricardo González y Raquel Fernandino, que participaron en el tribunal del caso de la Manada.

González fue el autor del desafortunado voto particular absolutorio, en el que decía ver escenas de jolgorio en lugar de una agresión sexual, y Fernandino condenó a nueve años a los cinco acusados por abuso sexual con prevalimiento y, poco después de aquello, se postuló a favor de la puesta en libertad de los procesados hasta que no hubiera una resolución firme. Finalmente, el Supremo les impuso a los encausados penas de 15 años de prisión.

Las sanciones ahora conocidas, de 700 euros en el caso de González y de 1.500 euros en el caso de Fernandino, según han confirmado a este medio fuentes del CGPJ, se originan en una inspección rutinaria de la Sección Segunda que llevó a cabo el CGPJ en septiembre de 2019.

Ambos han sido sancionados por faltas tipificadas como graves, que conllevan sanción económica. En el régimen disciplinario de los jueces, solo las faltas catalogadas como muy graves llevan aparejadas la posibilidad de ser apartados del servicio. La medida sancionadora se impone después de que se haya observado "una situación prolongada" de retrasos habituales y notables en los asuntos en los que les correspondía dictar sentencia. Entienden que la carga de trabajo del órgano judicial al que pertenecían no justificaba tales dilaciones, puesto que el CGPJ entendía que el ingreso de entradas de asuntos que recibía esta sección de la Audiencia se situaba por debajo de los módulos de entrada de trabajo estipulados como máximos.

Ahora mismo, ni González ni Fernandino siguen trabajando en la Sección Segunda de la Audiencia navarra. Él ha sido reubicado en la Sección Primera y ella concursó y se llevó la plaza de titular del juzgado de lo Penal 2 de Pamplona. El Consejo ha desestimado las alegaciones que presentaron ambos cuando se les incoó el expediente disciplinario que ahora ha sido confirmado. En dichos alegatos expusieron que la reacción social provocada por la sentencia de La Manada les generó un estrés y desazón que les llegó a afectar en su trabajo y vida cotidiana.

El CGPJ valora que "sin desconocer en modo alguno las dificultades que dicho asunto puede suponer", enjuiciar un proceso mediático como el de La Manada puede ser una eventualidad a la que está expuesto cualquier miembro de la carrera judicial y que había herramientas, como la solicitud de refuerzos, que no se pidieron en este caso, para solucionarlas. Además, recuerda el Consejo que la dilación en la resolución de los asuntos es, en varias ocasiones, anterior al dictado de la sentencia de La Manada.

Según los datos que figuran en la resolución, a finales de 2018 ambos magistrados tenían tres sentencias de las que eran ponentes pendientes de dictar, después de que los juicios se hubieran celebrado en junio y diciembre de 2017 y en mayo de 2018, además de medio centenar de recursos de apelación pendientes. Fernandino fue, por ejemplo, la magistrada que presidió el tribunal de jurado popular del crimen de Corralillos, en el que murió estrangulado el joven Daniel de la Fuente. Terminó más de siete meses en redactar la resolución después de que el jurado alcanzara un veredicto de culpabilidad de homicidio.