Personas con discapacidad buscan voz y autonomía en el Código Civil

Actualmente, las Fundaciones Tutelares de Euskadi, al igual que las del resto del Estado español, están implicadas en una iniciativa para promover mejoras y hacer un seguimiento de la reforma del Código Civil que está en curso. El objetivo es reforzar las garantías de apoyo a la toma de decisiones por parte de las personas con discapacidad y facilitar su participación en los procesos judiciales. Para ello la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión España han presentado a los grupos parlamentarios su propuesta de enmiendas al proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal.

Propuestas

Las fundaciones tutelares vizcainas Futubide y Ondoan forman parte de este movimiento en pro de una mayor y mejor participación y del derecho a decidir de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Mikel de Barrón, director-gerente de Futubide, señala que "a través de la AEFT y de Fevas formamos parte de los grupos de trabajo que llevan elaborando propuestas de reformas legislativas desde hace mucho tiempo. Lo más reciente, hace escasas semanas, es que se ha hecho llegar a los diferentes grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados una propuesta de enmiendas al proyecto de ley de reforma de la legislación Civil, que esperamos sean acogidas e incorporadas a la redacción definitiva. En nuestro caso concreto, se ha hecho llegar, además, al Grupo Vasco en el Congreso".

Por su parte, Miguel Ángel Nuñez, presidente de Ondoan, destaca que esta Fundación "ha seguido muy de cerca" la reforma del Código Civil y ha participado "activamente en los grupos de estudio del Colegio de la Abogacía de Bizkaia en los que se debate y trabaja el desarrollo de actuaciones en defensa de derechos de las personas con discapacidad y con enfermedad mental".

Respecto a las mejoras ya planteadas para el anteproyecto, el responsible de Futubide expresa su deseo de "que sean efectivas" y explica que inciden "en la importancia de prestar apoyos a las personas que los necesiten pero, como dice el anteproyecto, con la finalidad de permitir el desarrollo pleno de la personalidad y el desenvolvimiento jurídico de las personas en condiciones de igualdad con las demás". "Cualquier medida que se adopte" -añade Mikel de Barrón- "deberá estar inspirada en el respeto a la dignidad de la persona y en la tutela de sus derechos fundamentales. También teniendo en cuenta la voluntad, deseos y preferencias de quien lo requiera. Además, se procurará que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones, informándola, ayudándola en su comprensión y razonamiento y facilitando que pueda expresar sus preferencias. Es decir, la persona se convierte en el sujeto de sus propias decisiones, no en el objeto de las decisiones de terceros. Únicamente en casos excepcionales, cuando pese a haberse hecho un esfuerzo considerable, no sea posible determinar la voluntad, deseos y preferencias de la persona, las instituciones de apoyo podrán asumir funciones representativas, tal como dice el anteproyecto", señala.

Asimismo, puntualiza De Barrón, "las figuras jurídicas que se regulan no son nuevas en cuanto a su denominación, pero se les da distinto contenido. La tutela de adultos desaparece, y se reserva exclusivamente para las personas menores de edad. Permanecen la guarda de hecho, el defensor judicial y la curatela. Partiendo de la base de la mínima intervención, se establece un sistema de apoyos según las necesidades, que es la verdadera novedad. Por otra parte, se debe avanzar en lo que llamamos "ajustes de procedimiento"; y se echa de menos una regulación sobre adaptaciones relacionadas con la comunicación, la comprensión, como la Lectura Fácil€ para adaptar el complejo lenguaje jurídico a la comprensión de las personas con discapacidad intelectual".

"Un traje a medida"

Preguntado por las medidas que debería incluir la reforma del Código Civil, Miguel Ángel Nuñez, en nombre de Fundación Ondoan, afirma que "los apoyos que una persona con discapacidad requiera para ejercer adecuadamente su capacidad jurídica deben ser como un traje a medida, en la intensidad, momento y acto concreto en que se necesite. La figura jurídica que lo contemple debe ser respetuosa con las necesidades de esa persona pero también con sus preferencias e intereses", explica.

"Hemos de decir que nuestro actual sistema legal contempla un sistema de sustitución en la toma de decisiones y no presenta las suficientes salvaguardas para asegurar el respeto de la voluntad y preferencia de las personas". "Por otro lado -añade el presidente de Ondoan-, resulta fundamental dotar de herramientas y recursos para que los juzgados puedan aplicar esto teniendo en cuenta a las entidades tutelares y las organizaciones que atienden a personas con enfermedad mental".

"También -prosigue Nuñez- nos parece importante destacar la relevancia de los Juzgados de Primera Instancia especialistas en la materia (únicamente existentes en Bilbao y Barakaldo, dos de las seis áreas judiciales en las que se divide Bizkaia) que mantienen una actitud abierta de escucha y adaptación de las sentencias a la Convención de la ONU".

Al margen de las reformas que finalmente se reflejen en el Código Civil, Nuñez señala que para mejorar la autonomía de las personas con discapacidad "es fundamental acompañar en todo el proceso tanto a la persona que va a ver su capacidad de obrar modificada como a su familia mostrando cercanía y proveyéndole de información accesible para que pueda contar con todas las garantías en este proceso".

En el caso de Ondoan "desde que la Fundación asume un cargo tutelar, trabajamos intensamente por conocer a la persona, su entorno, su biografía y contrastando con la persona cuál es su proyecto de vida, sus preferencias, ahondando en sus necesidades y valorando cómo le acompañamos en el proceso de toma de decisiones en los ámbitos en los que tiene limitada su capacidad de obrar. Siempre con un enfoque dinámico y continuo que nos permita ir adaptando este ejercicio tutelar a las necesidades de cada momento". Añade que "una de las cuestiones que contempla esta reforma es la imposibilidad de prestar servicios a las personas con discapacidad y además ejercer cargos tutelares. Esta limitación nos parece muy adecuada ya que viene a garantizar aún más el ejercicio tutelar y a evitar conflicto de intereses".

En este sentido Mikel de Barrón expone que "desde Futubide se trabaja en esta línea de fomentar la autonomía de las personas y el respeto a su voluntad. En el día a día de nuestro trabajo se refleja en seguimiento individual y en una cercanía que nos permite consultar y conocer mejor a las personas que apoyamos. Es fundamental la defensa de sus derechos y el acompañamiento en la toma de sus decisiones desde un planteamiento de complemento de capacidad y no de sustitución de la persona. Hablamos de prestación de apoyos a la medida de las necesidades de las personas y diferente en cada caso, nuestro modelo es un traje a la medida".

"La intervención debe ser mínima, según las necesidades, pero también según su voluntad, deseos y preferencias", puntualiza Mikel de Barrón.

"Cualquier medida deberá estar inspirada en el respeto a la dignidad de la persona"

Director gerente de Futubide

"El sistema actual no presenta las suficientes salvaguardas de la voluntad y preferencias"

Presidente de Fundación Ondoan