El Movimiento de Pensionistas de Euskadi se reunirá el próximo 7 de septiembre con la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán, para entregarle un informe con datos que, a su juicio, demuestran “las negligencias” cometidas en la residencias durante la pandemia del covid-19, que habrían llevado al fallecimiento del 38% de los usuarios, con la confianza de que el letrado investigue si ha sido así y emprenda, en su caso, acciones en los tribunales. En el documento, el colectivo de pensionistas considera que “se ha atentado contra los derechos humanos” de los mayores.
Tras una pancarta en la que se podía leer Mayores dependientes en residencias y en casa. Vida digna, los pensionistas se concentraron ayer ante la entrada de los juzgados de Bilbao y explicaron el proceso de elaboración de este informe sobre “las graves consecuencias” provocadas por el covid-19 en los servicios sociosanitarios de atención a la dependencia y, especialmente, en las residencias.
El portavoz de Pentsionistak Araba, Antonio Armentia, subrayó el confinamiento y aislamiento vivido por las personas mayores. Asimismo, recordó que, en estos momentos, tampoco pueden salir de las residencias y solo les pueden visitar un familiar dos veces por semana: “Esto nos parece un atentado contra los derechos humanos”, aseguró el portavoz de la plataforma.
