El Ministerio de Sanidad estudiará hoy con las comunidades autónomas el uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos, una decisión que "no es sencilla" y que el ministro Salvador Illa quiere que sea "lo más consensuada posible".

Lo avanzó Illa ayer en su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que varios grupos, como PP, Ciudadanos o Vox, le reclamaron que haga obligatorio el uso de este material de protección, que, en palabras del ministro, nos recuerda que "no estamos como antes".

"Lo estamos discutiendo y vamos a ver si podemos tomar una decisión lo más consensuada posible", recalcó Illa, que reconoció que el pasado lunes ya pidió su opinión a los consejeros de Sanidad sobre si consideraban en esta etapa de la desescalada "ir un poco más allá" en el uso de las mascarillas. "Hay argumentos a favor y en contra, y nosotros nunca nos hemos negado", dijo.

Será en el Consejo Interterritorial de Salud, que se reúne hoy, donde el Ministerio y las comunidades evalúen si deben ser o no obligatorias; hasta ahora solo lo son en el transporte público y, "altamente recomendable" -incidió-, en la vía pública y necesaria cuando no se puede guardar la distancia de dos metros.

No obstante, Illa volvió a insistir en que hay gente que no puede llevarlas: "No es tan sencillo: hay una serie de consideraciones técnicas que hay que tener en cuenta", afirmó.

A las mascarillas se refirieron ayer algunos representantes autonómicos, como el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, que apostó por hacerlas obligatorias y consideró que, si el Gobierno central no lo decide así, es porque "son incapaces de garantizar el suministro en todo el país".

Catalunya también va a pedir al Gobierno su uso obligatorio en los espacios públicos, mientras que Castilla y León defiende que "el problema" radica tanto en el abastecimiento como en el uso en función del modelo. El Ministerio de Consumo también se ha pronunciado sobre las mascarillas, pero en su caso para desaconsejar el uso de las tipo FFP2 ( modelo que la Comunidad de Madrid ha distribuido gratuitamente en las farmacias) en la población en general, porque solo están recomendadas para profesionales en contacto con el virus y colectivos vulnerables bajo prescripción médica.

Mientras, Illa no dejó de insistir durante su comparecencia en la necesidad de que los ciudadanos sigan extremando, y que lo hagan "más que nunca", la responsabilidad y que no bajen la guardia, porque el virus puede sobrevivir fuera del organismo humano cierto tiempo y se desconocen aún muchos aspectos científicos del mismo.

Además, ya avanzó que en el Estado no se va a producir la inmunidad de grupo frente al coronavirus, tal y como muestran los resultados preeliminares del estudio de seroprevalencia, hechos públicos el miércoles, que indican que la prevalencia de anticuerpos frente al virus se da solo en el 5% de la población. Por otra parte, Illa también quiso dejar claro que el progreso de los territorios de fase en la desescalada no supone, "en ningún caso, una evaluación de la gestión sanitaria" que han hecho las comunidades autónomas de la pandemia.

De esta forma, afirmó que, aunque se haya trabajado muy bien, hay circunstancias y criterios que desde el punto de vista sanitario se deben tener en cuenta para evolucionar en la desescalada, como son los datos epidemiológicos, la movilidad o la preparación de la capacidad sanitaria.

Precisamente, el ministro mantuvo ayer reuniones bilaterales, para tratar el pase de fase, con los consejeros de Sanidad de Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y Catalunya.