CÓRDOBA. Los cuatro miembros de La Manada acusados de supuestos abusos sexuales y atentado contra la intimidad a una joven en la localidad cordobesa de Pozoblanco se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que el juez admitió la prueba de vídeo que dio origen a la investigación del caso. Los cuatro acusados -Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero-, para los que el fiscal solicita siete años de prisión para cada uno, se declararon inocentes y decidieron no declarar.

El juicio sobre los miembros de La Manada, que se celebra en la Ciudad de la Justicia de Córdoba y que se prolongará en un principio hasta el jueves, comenzó dilucidando las cuestiones previas planteadas por las partes, principalmente en lo que se refiere a la validez de la prueba de vídeo que dio origen a la investigación del caso. En este sentido, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba rechazó la nulidad de dicha prueba, tal y como había solicitado el abogado defensor, al entender que, si bien es “ciertamente determinante” para el caso, no es la “única” que se practicará durante el juicio.

Será durante las pruebas testificales de los propios acusados, que se negaron a declarar, y de los investigadores del caso cuando se podrá determinar si el vídeo se obtuvo “de forma ilícita” o la investigación “fue prospectiva o no”. Por ello, el juez resolvió que dejará para el momento en que dicte la sentencia la determinación de la validez como prueba del vídeo encontrado en el móvil de uno de los acusados y que desveló la posible comisión de los delitos juzgados.

Por su parte, el abogado defensor de los acusados, Agustín Martínez Becerra, solicitó la suspensión del juicio al entender que se habían “vulnerado derechos fundamentales” al obtener el vídeo donde de aprecian los presuntos abusos. El letrado dijo que en la “búsqueda de la verdad no todo es lícito” y aseguró que “no se han respetado los derechos” de los acusados al no existir “autorización judicial” para investigar y analizar el teléfono móvil de los acusados, ya que “fueron ellos mismos los que los aportaron como prueba” al caso de los Sanfermines de 2016.