vitoria - Alrededor de 400 clientes de Euskaltel han constituido un grupo de afectados tras haber recibido desde dos bufetes diferentes de abogados cartas en las que se les reclama el pago de una indemnización por la presunta descarga ilegal de películas y series a través de plataformas P2P. Ambos dicen representar a los propietarios de los derechos de estas producciones audiovisuales y han instado a los usuarios, que en muchos casos niegan haber descargado dichos contenidos, a abonar una cantidad económica que puede oscilar desde los 150 y hasta los más de 2.000 euros para no ser denunciados por piratería. Precisamente, Bilbao acogerá el próximo jueves 27 dos juicios derivados de este caso, que colecciona damnificados en todos los territorios de la CAV, especialmente en Bizkaia.
Conocer el número exacto es a día de hoy imposible, porque según corrobora en declaraciones a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA Joseba, que forma parte del grupo de afectados, todavía los hay que no saben que existe este colectivo o han optado directamente por pagar para evitar la vía de la Justicia. Un abogado experto en copyright ha asumido la defensa legal de todos ellos. Cualquier persona afectada que quiera ponerse en contacto con este colectivo puede dirigirse al correo electrónico defensaeuskaltel@gmail.com. “Cada vez más gente tiene la carta o amigos de amigos la tienen”, asegura Joseba.
La obtención de los datos personales de estos clientes, que ha derivado en una denuncia de Euskaltel contra la productora cinematográfica Venice PI, LLC ante la Agencia española de protección de datos (AEDP), también los ha puesto en pie de guerra. El operador de telecomunicaciones justificó recientemente que el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao le obligó a facilitar a dicha productora los datos de los titulares de las IP que compartieron mediante P2P la película Once upon a time in Venice, a pesar de su “rotunda negativa”. Posteriormente, numerosos usuarios de Euskaltel comenzaron a recibir las cartas donde se les reclamaba el pago, generalmente de 150 euros, para evitar la iniciación de la vía judicial. Este mismo despacho ha reclamado a los clientes el pago de distintas cantidades para no ser demandados por la descarga de títulos como Dallas Buyers Club, Lady Bloodfight o The Titan.
La recepción de cartas de estas características por parte de clientes vascos, eso sí, data al menos del año 2017 y ha derivado ya en sentencias condenatorias, aunque algunos jueces -especialmente en el extranjero- se han inclinado también en los meses recientes en casos similares por no aceptar la IP del cliente como única prueba condenatoria, al no ser suficiente para identificar al supuesto infractor. Un hecho al que también se agarran los afectados, que ponen el foco en servicios como WiFi Kalean, en las identificaciones de las IP de los usuarios, que pueden ser erróneas, o en el acceso a las redes WiFi privadas que, en ocasiones, pueden darse sin el permiso del titular.
Los afectados consideran que el movimiento de la compañía vasca denunciando ante la AEPD a Venice PI, LLC no ha sido sino “un lavado de cara” o una “medida estética”, porque el supuesto uso “fraudulento” de sus datos personales tiene bastantes más ramificaciones. Denuncian, de hecho, que en él estarían implicadas nueve productoras más. “Y en la mayoría de los casos se exige el pago del dinero por películas que no conocen ni en su casa”, añade de nuevo Joseba.
elevada cuantía El otro bufete que ha reclamado distintas cantidades económicas a los usuarios de Euskaltel tiene su sede en Alicante, y es precisamente el que se ha dirigido a este afectado a través de dos cartas “sin certificar”, donde se le pide el pago de un total de 1.000 euros por la descarga de varios capítulos de la serie Ash vs. Evil Dead, que él niega haberse bajado. La cuantía más alta reclamada a un cliente de Euskaltel ha corrido también a cargo de este bufete levantino y asciende a 2.300 euros, por la presunta descarga de las dos temporadas de esa misma serie y unos supuestos “gastos de investigación”.
Isusko, vecino de Laudio, es otro de los afectados por este envío masivo de cartas a clientes de Euskaltel. En su caso concreto la recibió a comienzos de este mes de junio. Remitida también por ese bufete, se le piden 150 euros por supuestamente haber descargado y difundido la película Wind River. “Y si no acepto este trato amistoso, me llevan a juicio”, apunta con ironía. Isusko se ha unido también al grupo de afectados y será defendido por el abogado que se ha hecho cargo del caso en caso de llevar a los tribunales. Este laudioarra alega que “prácticamente” no ve películas y que “en ningún caso” se ha descargado este título que ni siquiera conocía, como -defiende- tampoco lo ha hecho ninguna persona de su familia o vecinos. “Y diría que nadie de los denunciados se ha descargado nada”, apunta. Isusko se muestra esperanzado ante el devenir de los acontecimientos porque “no hay pruebas suficientes para demostrar” que los afectados han cometido un delito.
