un dilema para las autonomías

Menas, una cuestión espinosa para las autonomías

La propuesta Share plantea un mecanismo dedistribución de los menores con criterios objetivos

09.02.2020 | 02:24
La llegada de menas requiere actuaciones conjuntas. Foto: M. Trillo-Unicef

La propuesta Share plantea un mecanismo dedistribución de los menores con criterios objetivos

LA última reunión del Foro de las Autonomías, celebrado en el Senado a finales de marzo, abordó un tema polémico y que causa desavenencias regionales: la situación de los menores extranjeros no acompañados en las distintas comunidades autónomas. Este asunto contó con dos ponentes -la profesora de Derecho Constitucional María Jesús Larios, y la viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno vasco, Lide Amilibia-, que abordaron la distinta realidad a nivel geográfico del acogimiento y tutela de estos menores, la respuesta ante su incremento y los déficits en la atención prestada. Además, Lide Amilibia volvió a plantear la propuesta del Gobierno vasco para "el reparto equitativo" del esfuerzo de las administraciones autonómicas y la necesidad de una coordinación europea para su integración antes y después de la mayoría de edad.

La viceconsejera detalló ante los representantes de las comunidades autónomas los elementos de la iniciativa Share, una propuesta "de carácter transversal" que promueve "la distribución territorial del esfuerzo de acogida e integración de los menas". La pertinencia de la iniciativa vasca quedó avalada por los datos del informe sobre Los derechos de los menores migrantes solos y su garantía por las CC.AA., elaborado y expuesto por la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia del Sindic de Greuges, María Jesús Larios.

Así, la profesora Larios observa un "importante desequilibrio y contraste en la asunción de la cuota de responsabilidad de las administraciones autonómicas ante las llegadas de niños y adolescentes migrantes sin referentes familiares" y opina que "la situación requiere una mayor actuación conjunta del Estado y las CC.AA., así como un mayor apoyo financiero para las que están experimentando un mayor impacto". Señaló que en función de los datos del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados a 31 de diciembre de 2018, había 13.012 menas inscritos, lo que supone un incremento del 103% respecto de los 6.414 registrados en 2017, año en el que se superaron en un 60% las cifras de 2016 (3.997). María Jesús Larios constata que las situaciones de colapso en Ceuta y Melilla y en algunas autonomías como Andalucía y Catalunya han dado lugar al uso de dispositivos inadecuados, centros extraordinariamente masificados, pabellones deportivos o comisarías de policía por lo que recomienda que las comunidades "avancen en la planificación, previsión y provisión a medio plazo y en el diseño de políticas adecuadas para dar la protección adecuada a los menores de edad como grupo especialmente vulnerable. Ello requerirá que los sistemas de protección se dimensionen adecuadamente a través de la mejora de la inversión en políticas de infancia, que está por debajo de la media europea".

Según el informe de María Jesús Larios, el País Vasco es la tercera comunidad del Estado con mayor número de menores extranjeros tutelados, por detrás de Andalucía y Catalunya, mientras que en función del número de habitantes, Melilla, Ceuta, País Vasco, Andalucía y Murcia son las cinco primeras comunidades autónomas con un impacto más elevado de la llegada de menores inmigrantes no acompañados. El informe también destaca "la baja presencia de este fenómeno, tanto en términos absolutos como relativos, en comunidades como Navarra, Aragón, Baleares, Galicia, Castilla y León, Extremadura o la Rioja".

Un compromiso estatal En vista de estas desigualdades territoriales el Gobierno vasco elaboró una propuesta dirigida a instituciones estatales y europeas para la distribución y la integración socio-laboral de menas y jenas (jóvenes extranjeros no acompañados) que ya ha presentado en diversos foros. Lide Amilibia indicó en el Senado que "el Estado ha de dotar este compromiso con recursos económicos y con garantías de permanencia, armonizando las herramientas normativas que establezcan los estándares en los servicios de acogida e integración de los menas y promuevan acuerdos con los países de procedencia en los menas para fomentar las condiciones que eviten que los menores hayan de abandonar a sus familias".

También recordó que "la respuesta al reto migratorio es un imperativo ético de solidaridad y un imperativo normativo; pero también lo es de progreso y prosperidad". "Las instituciones vascas y las entidades sociales hemos creado en Euskadi, incluso más allá de nuestros ámbitos competenciales, un sistema de respuesta ordenada y solidaria a los fenómenos migratorios. Este sistema ni es perfecto ni está acabado; pero es integral y trata de ofrecer respuestas a una realidad cambiante", detalló la viceconsejera en referencia a la atención que se da en Euskadi a los colectivos de migrantes económicos, en tránsito o refugiados.

En este sentido, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denunció "sistemáticas vulneraciones de los derechos de la infancia migrante que evidencian el racismo institucional en un Estado", que les trata como migrantes antes que como menores, lo que le lleva a incumplir la legislación internacional, nacional y autonómica que obliga a la protección de los niños y niñas sin discriminar por nacionalidad. La organización explicó que "la llegada de infancia migrante es una realidad presente desde hace más de 20 años, pero es en los últimos años, en los que se viene produciendo un aumento de los niños, niñas y adolescentes que migran sin la compañía de una persona adulta, cuando ha cobrado especial importancia ante la falta de previsión, planificación y coordinación entre las distintas instituciones".

Entre las propuestas planteadas se encuentra la de revisar de manera urgente el "modelo fallido" de protección actual, y en especial el de acogida de emergencia, con el fin de cumplir con los estándares internacionales y garantizar soluciones duraderas. Es de vital importancia, señalan, "respetar el derecho de la infancia a ser escuchada, regular la figura de un tutor o tutora independiente, arbitrar medidas para acelerar los trámites burocráticos, crear un protocolo coordinado entre las distintas Administraciones y una red transnacional autonómica en la que todos los organismos estén presentes y que cuenten con representación de menores bajo tutela o extutelados".

El sistema expuesto por Lide Amilibia en el Senado se detalla en el documento Adecuación de la estrategia del Gobierno vasco para una respuesta integral ante los nuevos retos migratorios, de septiembre de 2018, que propone considerar la migración como competencia compartida (propuesta Share) tanto por instituciones europeas y estatales como por las vascas (gubernamentales, forales y municipales).

Para dar pasos en esta dirección, el pasado 2 de abril se celebró una reunión en la delegación del Gobierno vasco en Bruselas convocada por los Gobiernos de Catalunya, Canarias, Nafarroa y Euskadi. El objetivo de ese encuentro era presentar la propuesta Share y promover un acuerdo interinstitucional en torno a su contenido.

Sin homogeneidad En sus trabajos sobre menores extranjeros la profesora Larios ha dejado constancia de la falta de homogeneidad en el tratamiento que se da a los menas en Europa: "En noviembre de 2017, la red europea de defensores de la infancia, ENOC, publicó un informe a partir del trabajo conjunto de los miembros de la citada red, donde se lleva a cabo un análisis de la situación de los menores migrantes en distintos países europeos. En el mismo se pone de manifiesto la necesidad de mejorar tanto en la primera etapa de la recepción como en las medidas de inclusión posteriores. En las conclusiones se destacan la ausencia de protocolos de procedimientos estandarizados en la identificación de los menores, deficiencias en la dotación de personal de los primeros servicios de recepción y la inadecuación e insuficiencia de las infraestructuras disponibles en la recepción de primera y segunda línea. Igualmente, también se plantean insuficiencias en la etapa posterior de integración, afectando a la capacidad de los menores para ejercer sus derechos y a las perspectivas de integración e integración social en los países receptores. Se trata de una realidad de enorme complejidad, pues son niños y adolescentes, per se vulnerables, cuya situación de vulnerabilidad se ve incrementada por la condición de migrantes y por la falta de la presencia de un adulto responsable. Es una situación que supone, a su vez, un enorme reto para los poderes públicos. Constituye asimismo un ámbito en el que, desde la perspectiva jurídica, coexisten tratados internacionales y normativas muy garantistas con los derechos de la infancia -como la Convención de los derechos del niño- y las normas comunitarias o las regulaciones estatales de control de flujos migratorios".

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