Bilbao - Presentar un documento legal que certifique que su nombre y apellidos no aparecen en el Registro Central de Delincuentes Sexuales (RCDS) es un trámite obligatorio para todas aquellas personas que quieran acceder a un puesto de trabajo en el que, habitualmente, se codean con menores: profesores, monitores, entrenadores, personal de comedor, conductores de autobuses escolares,? A 31 de diciembre de 2018, esa base de datos recogía la identidad y el perfil genético (muestras de ADN) de un total de 45.864 personas. Los tribunales vascos han dictado un total de 1.867 condenas firmes (sin posibilidad de presentar recurso).
Ese elenco está formado por personas (la inmensa mayoría hombres) que han sido condenadas, entre otros delitos por agresión, abuso, acoso, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución, corrupción de menores y explotación sexual incluyendo la pornografía, con independencia de la edad de la víctima. Eso no significa que todas ellas hayan optado a un empleo de esas características. Esa otra cifra, la realmente preocupante, no es de dominio público cuando se habla de demarcaciones judiciales o comunidades.
Únicamente se sabe el apunte gordo: que a nivel estatal el chivato ha saltado en 1.615 ocasiones desde marzo de 2016, fecha en la que entró en vigor este RCDS. Desde entonces han sido tramitados 5.976.584 expedientes en el Estado español. Solo en 2018, por ejemplo, también a nivel estatal, fueron emitidos 1.994.365 certificados (más de 62.000 en la CAV) y 505 personas dieron positivo: el 0,03% del total. Según datos estadísticos del Ministerio de Justicia a los que ha tenido acceso DEIA, el número de solicitudes hechas el año pasado a través de la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) en la Gerencia Territorial de Bilbao fue de 13.471 y las realizadas de manera presencial, por su parte, fueron 48.618.
No obstante, tal y como puntualizaban fuentes ministeriales, esa referencia territorial de peticiones nunca representa a la totalidad de las personas que hayan podido solicitar el certificado desde ese lugar debido a los múltiples canales a los que se puede acudir para solicitar el certificado sin que conste el punto desde el que se hace la petición. “Es imposible tener el dato exacto -enfatizaban- del Registro de delincuentes sexuales por provincias” porque los ciudadanos pueden solicitarlo vía presencial, telemática,?. Por poner un ejemplo, una persona de Valladolid puede hacer la solicitud con su ordenador desde su casa “y a nosotros no nos consta que esa solicitud se haya hecho desde allí. Esa persona puede estar allí de paso, haber nacido en otra ciudad,? y que Valladolid no figure en ninguno de sus documentos? con lo cual no podría ser computado como de Valladolid, Castilla y León”, explicaban las fuentes consultadas.
De ahí la imposibilidad de saber el número concreto de solicitudes por territorio y que, además, las relativas a la Gerencia de Bilbao sean aproximadas porque algunas peticiones, por razones de conveniencia, se hacen ante administraciones distintas a la que le correspondería a esa persona que habitualmente realiza tareas que necesitan ese certificado.
Y algo parecido ocurre con los condenados inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales donde aparecen esos 1.867 expedientes asociados a tribunales vascos. Tal y como subrayaban a DEIA fuentes del Ministerio de Justicia, “las cifras totales no se corresponden con la suma aritmética, sino con el total de condenados. Un mismo delincuente puede haber sido condenado en más de una ocasión”, ilustraban.
1.615
45.864
62.089
