Francia ordena cada mes más de 750 devoluciones de migrantes
SOS Racismo denuncia que “las cifras reales” triplican las ofrecidas por el Ministerio del Interior
Donostia - Dos visiones diametralmente opuestas sobre una misma realidad migratoria que no cesa. Hace un mes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska admitía que las devoluciones sumarias de Francia al Estado son “absolutamente puntuales”, algo que ayer desmintió rotundamente SOS Racismo aportando unas cifras a años luz de la versión oficial. El número de personas “rechazadas” el año pasado se elevó a 9.175, lo que arroja una media mensual de 760 migrantes, la mayor parte de ellos sin garantías jurídicas. En lo que va de año se han efectuado en la frontera 9.038 devoluciones, lo que hace prever que la cifra final de devoluciones a finales de 2018 se dispare con respecto a los registros hasta ahora conocidos, “y además es posible que no sean todos los rechazos que se producen efectivamente”.
Los datos vienen recogidos en el Informe anual de SOS Racismo que, esta vez, a diferencia de otros años en los que venía presentándose en grandes capitales del Estado, se hizo público ayer en Irun, epicentro de una crisis abierta que sigue sin cerrarse. El foco de atención hay que situarlo en los controles interiores de las fronteras, que en el caso de Francia guardan una relación directa con los atentados yihadistas. Sobre el papel, en virtud del acuerdo de Schengen de libre circulación, esos controles no deberían existir.
Así lo acordaron al menos varios países de Europa hace tres décadas. “Esa falta de compromiso es algo que, de facto, está desapareciendo en muchos países y, evidentemente, todo ello tiene su reflejo en el país galo”, denunció ayer Mikel Mazkiaran, secretario de la Federación Estatal de SOS Racismo, que compareció junto a Alba Cuevas, coordinadora de la ONG en Catalunya, y Mónica Vidal, en representación de Galicia.
Controles en la muga A esos controles en la frontera se han sumado países como Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia y Noruega. En el país galo se han hecho “duros y discriminatorios para las personas migrantes” desde hace tres años, e incluso se han reforzado como ha hecho saber hace unas semanas el ministro del Interior francés, Christophe Castaner.
El punto de inflexión lo marca el atentado yihadista contra el semanario satírico de izquierdas Charlie Hebdo (7 de enero de 2015), y varios ataques terroristas en diferentes puntos de París el 13 de noviembre de ese mismo año. Abrieron la espita de un estado de excepción que, en la práctica, sigue dejando su impronta a día de hoy en el paso fronterizo.
Hasta entonces, según fuentes policiales, el procedimiento de devoluciones de los no admitidos “se realizaba de manera tasada y de forma bilateral”, acordaba entre el Estado y Francia. Pero es, sobre todo a partir del verano de 2016, coincidiendo con la celebración de la Eurocopa y del Tour, cuando Francia comienza a actuar “de manera unilateral y rechazando a las personas que, según su criterio no reunían los requisitos de acceso a su territorio”.
Estas medidas provocan que en la frontera de Irun con Hendaia estas personas quedaran “taponadas” en el puente de Behobia y Santiago, así como el peaje de Biriatu. Contabilizar las devoluciones no es una tarea fácil, pero SOS Racismo presentó ayer los resultados de un estudio realizado por el profesor de la UPV, Iker Barbero, que ha trazado un mapa a partir de “datos extraoficiales” que han sido contrastados. Y resulta sorprendente el abismo que media entre la versión ofrecida por Interior y la fotografía que arroja el estudio.
Para valorar las cifras oficiales, hay que tener en cuenta el llamado acuerdo de Málaga, por el cual Francia y España se comprometieron a aceptar las personas que son devueltas por encontrarse en situación irregular, y que son interceptadas en el plazo de cuatro horas desde que cruzan la frontera. Según este compromiso asumido, para el paso de la muga de Irun la comisaría conjunta de Biriatu es el punto de entrega y recepción de las personas que son trasladadas a la comisaría de Irun, donde se les abre un expediente de expulsión por estancia irregular en el Estado.
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