Los miembros de 'La Manada' salen de la prisión de Iruñea y del Centro Penitenciario Militar de Alcalá de Henares

IRUÑEA. Sobre las 18 horas, José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza han salido de la cárcel con varios bultos y se han reunido con tres vehículos que les esperaban en la entrada de la prisión que se encuentra en el norte de la capital navarra.

Tras unos instantes, los dos primeros vehículos han abandonado la zona a toda velocidad. Uno de ellos ha hecho una maniobra antirreglamentaria adelantando sobre una línea continua al primer coche y después ha pasado acelerando y provocando varios petardazos junto al numeroso grupo de periodistas que esperaban el momento de la salida.

En el lugar había también un pequeño grupo de personas que han increpado a los miembros de 'La Manada'. Dos mujeres que han acudido a protestar por su puesta en libertad se han quejado de que no hubiera una movilización ciudadana mayor a las puertas de la prisión.

Posteriormente, el tercer vehículo ha abandonado el lugar con normalidad. Una dotación de Policía Nacional ha estado en la zona en los momento de la salida de los tres condenados de la prisión.

De trasladarse con destino a Sevilla, los tres miembros de 'La Manada' no podrán atravesar la Comunidad de Madrid en virtud de las medidas cautelares impuestas por la Audiencia de Navarra.

ALCALÁ DE HENARES

Los dos miembros de 'La Manada' que se encontraban en el Centro Penitenciario Militar de Alcalá de Henares (Madrid) han abandonado el centro penitenciario sobre las 19.30 horas después de que a lo largo de este viernes hubieran abonado los 6.000 euros de fianza fijados por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, según han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Defensa.

Se trata del militar Alfonso Jesús Cabezuelo y del guardia civil Antonio Manuel Guerrero. Ambos se encontraban en prisión preventiva en el centro penitenciario castrense de Alcalá de Henares en aplicación de la ley procesal militar.

En su caso, el Ministerio de Defensa es el responsable de cumplimentar los trámites de excarcelación. Han quedado en libertad tras casi dos años en prisión desde que fueran detenidos el 7 de julio de 2016.

LA CONDENA

Los miembros de 'La Manada', condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual con prevalimiento, quedan en libertad tras casi dos años en prisión desde que fueran detenidos el 7 de julio de 2016.

El auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra por el que se dicta la libertad provisional se basa en que los magistrados no aprecian riesgo de fuga de los condenados al haberse reducido "notablemente" en la sentencia las penas que solicitaban las acusaciones y al no apreciar tampoco riesgo de reiteración delictiva.

En el auto, dictado por mayoría de dos magistrados a uno, se señala que la prisión provisional se había vinculado en 2017 a las altas penas solicitadas por las acusaciones y a la inminencia de la celebración del juicio oral, pero considera que "estas razones han perdido notablemente la fuerza que, en su día, pudieron tener".

Tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Iruñea, que han ejercido la acusación popular en el juicio, han anunciado que recurrirán la prisión provisional. De la misma manera, la Fiscalía recurrirá en súplica el auto de la Audiencia Provincial de Navarra.

MEDIDAS CAUTELARES

Además de la fianza de 6.000 euros, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha dictado varias medidas cautelares para los cinco acusados.

En concreto, tendrán que designar un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en tales domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente requisitoria.

Además, los condenados deberán comparecer todos los lunes, miércoles y viernes ante el juzgado de guardia de su residencia y cuantas veces fueren llamados por la Audiencia de Navarra, así como comunicar cualquier cambio de domicilio o teléfono.

También se fija para ellos la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, con obligación de hacer entrega del pasaporte de que disponga ante el tribunal dentro de los cuatro días siguientes a su puesta en libertad, así como la prohibición de obtenerlo en el futuro.

De la misma manera, les impone la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid y la prohibición de comunicación con la víctima.