Donostia - Una decena de mujeres víctimas de violencia machista atendidas en un centro de acogida foral denunciaron ayer haber sufrido “maltrato institucional” durante su estancia en este recurso residencial para el que solicitan su “cierre inmediato”. Aseguran que el trato fue “negligente”. Se trata en concreto del centro Bidean para estancias intermedias, que dispone de ocho plazas, destinado a atender demandas de protección y alojamiento para víctimas y personas a su cargo que precisen una intervención especializada integral.
Las denunciantes registraron ayer mismo diferentes escritos al respecto ante el Ararteko. En la información remitida al Defensor del Pueblo en el País Vasco incluyen testimonios que vendrían a demostrar que en este recurso foral se han “vulnerado derechos”. Hablan de “condiciones de insalubridad y abandono total” durante los últimos cuatro años en este centro dependiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa gestionado por la Fundación para el Estudio y Promoción de la Acción Social (Fepas).
Las denunciantes asumen que la responsabilidad de realizar las tareas de limpieza es de las propias usuarias, si bien recuerdan que compete a las trabajadoras la obligación de planificar las tareas, supervisarlas y no permitir que el centro llegue a unas condiciones de insalubridad como las que dicen haber sufrido.
En representación de estas mujeres, Marta Guerra y Monika Azpitarte, miembros del Movimiento Feminista de Donostia, solicitaron ayer en una comparecencia de prensa en Donostia una “reparación e indemnización por los daños y perjuicios causados”, así como una reestructuración del equipo de trabajadoras y un cambio de gestión del centro.
Durante la intervención, en la que no admitieron preguntas de los periodistas, solicitaron la supervisión de este tipo de recursos asistenciales por parte de la Diputación, así como “una alternativa de ayuda para las mujeres que han tenido que abandonar el recurso y todavía están en fase de recuperación”.
Sobre la situación de este centro habló el pasado 24 de abril en una comisión en las Juntas Generales de Gipuzkoa la diputada foral de Política Social, Maite Peña, quien, a preguntas del grupo de EH Bildu, reconoció que su departamento había recibido quejas sobre su funcionamiento.
Peña admitió que el centro “está quemado”, debido a falta de espacio y carencias estructurales, y anunció que su departamento trabaja para reubicar ambos recursos en un nuevo emplazamiento, con más plazas y espacio, para mejorar la atención que prestan.
