Un coleccionista de obuses alega que ignoraba que hiciese algo ilegal

La explosión de la carga de este proyectil le arrancó el músculo gemelo de una de sus piernas y provocó en la vivienda de una tía suya, próxima al lugar donde desactivaba las bombas que encontraba o le enviaban sus amigos, y donde tenía almacenados cerca de 400 proyectiles de distintos tipos y calibres de dichas contiendas bélicas, así como 10 kilos de TNT guardados en un cubo.

Irusta ha reconocido a preguntas de la fiscal del caso que todo el material hallado por la Ertzaintza era de su propiedad y ha asegurado que todos los proyectiles estaban desactivados y retirada su carga explosiva y que lo sabe porque él los abrió y vació.

Ha manifestado durante el juicio desconocer que su actividad requiriese de algún tipo de permiso o autorización administrativa.

"Nunca se me paso por la cabeza que pudiese estar haciendo algo malo", ha enfatizado Irusta, quien ha añadido que, en su opinión, no ha cometido ningún delito y que tanto las tareas de recolección como de desactivación de los artefactos las hizo "por amor a la historia".

Ha señalado que aprendió a desactivar artefactos explosivos de forma "autodidacta", comprando libros que hablan del tema y estudiándolos.

Alfredo Irusta, que en su juventud fue ciclista profesional, ha descalificado también "el 70 por ciento" del informe pericial realizado por los artificieros de la Ertzaintza que recogieron y destruyeron el material de guerra que almacenaba en su casa, al que calificó de "acumulación constante de errores".

"Donde el informe dice que los artefactos tienen espoleta y carga, no la tienen, y donde dice que no la tienen se ve a simple vista que la tienen", ha explicado al tribunal.

Ha asegurado también que los proyectiles y bombas que almacenaba no suponían ningún peligro porque, en su opinión, ninguna munición almacenada en su lonja podía explotar por sí misma, después de que él la desactivase.

Los ertzainas de la unidad de desactivación de explosivos del cuerpo que realizaron el informe policial, por su lado, se han ratificado en el contenido de su informe pericial y en que el material que hallaron en el almacén de Irusta suponía un peligro potencial de que estallase.

Se han ratificado también en que al menos 88 de los 400 obuses y bombas de aviación que encontraron tenían carga explosiva o trazas de la misma en su interior o contenían la espoleta.

Han precisado que la espoleta es la parte más peligrosa de estos proyectiles porque en su interior se encuentra el detonador, que contiene un explosivo de alta potencia, y que en unos proyectiles se puede ver a simple vista, porque va en el exterior, y en otros no, porque está ubicada en el interior del artefacto.

Los artificieros de la Ertzaintza han explicado que destruyeron todo el material incautado porque normalmente este tipo de explosivos se destruyen siempre porque lo dicta el procedimiento y porque "siempre que hay explosivos, hay peligro de que estallen al manipularlos".

En defensa del encausado ha testificado el médico forense y presidente de la Sociedad Aranzadi, Francisco Echevarria, quien ha señalado que Irusta es uno de los especialistas en escenarios de batallas de las guerras Civil y carlistas más expertos que conoce y que había estado dos veces en el almacén del acusado en Muskiz, donde le mostró el material "con la mayor naturalidad".

A preguntas de la defensa de su colaborador, con el que lleva trabajando 15 años en los que se ha encargado de identificar y catalogar la munición que se encontraba en las fosas, ha señalado: "Yo diría que Irusta no era consciente de estar haciendo algo ilegal".

La fiscal ha mantenido la petición de 8 años de cárcel para el acusado, del máximo de 10 y el mínimo de 5 que establece la Ley, dada la peligrosidad potencial que representaba el almacén de Irusta y que no se cree que, como dijo el acusado en el juicio, todo el material estuviese desprovisto de su carga.

Ha justificado lo elevado de la pena solicitada en la cercanía de viviendas que podían haber sido afectadas de haberse producido el estallido de todo el material explosivo almacenado.

El abogado defensor ha pedido su libre absolución por entender que durante el juicio "se ha demostrado la nulidad de todo lo actuado en el proceso y que no deben ser admitidas como válidas las pruebas presentadas", en especial el informe pericial de los técnicos en desactivación de explosivos de la Ertzaintza.

Ha alegado también indefensión, porque, al haberse destruido todo el material explosivo hallado, se ha impedido a Irusta promover una prueba pericial contradictoria sobre lo manifestado por los desactivadores de la Ertzaintza en el suyo.

Ha recordado la doctrina del Tribunal Supremo en relación a que las armas destinadas al coleccionismo no se pueden considerar armas de guerra, como mantiene la fiscal en su acusación.

Por último ha solicitado que el tribunal contemple la posibilidad de aplicarle la atenuante de "error de prohibición", que supone el "desconocimiento absoluto" de estar realizando alguna actividad ilegal, como lo demuestra, a su juicio, que su actividad era conocida entre sus vecinos y la Sociedad Aranzadi, entre otros.

En caso de que el tribunal acepte esta atenuante, solicita que se le rebaje en dos grados la pena solicitada por la fiscal.