Gasteiz - Todos los grupos del Parlamento Vasco respaldaron ayer una iniciativa para que el Gobierno vasco establezca diversas fórmulas para que beneficiarios de ayudas sociales puedan devolver los pagos indebidos hechos por Lanbide, entre las que figura una cuota básica mensual de 30 euros. Este asunto ha sido debatido en varias ocasiones en la Cámara vasca desde 2014, cuando cientos de beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) recibieron cartas de Lanbide pidiéndoles la devolución de cantidades recibidas en concepto de ayudas sociales que el Servicio Vasco de Empleo había abonado indebidamente.
En esos debates nunca se había llegado a una postura unánime en la Cámara para resolver esta problemática que afecta a miles de perceptores de ayudas sociales, pero ayer fue posible el acuerdo y todos los grupos votaron a favor de una enmienda transaccional del PSE-EE y EH Bildu. Así, la Cámara reclamó al Gobierno vasco que habilite “de manera inmediata y sin demora” los procedimientos necesarios para minimizar los efectos de dichas devoluciones y establezca una cuota social de 30 euros mensuales para los afectados, excepto en los casos que acuerden con Lanbide una solución provisional más beneficiosa.
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