bruselas. El gobierno de Mariano Rajoy no gana para disgustos en el Consejo de Europa. En esta ocasión es el comité europeo de derechos sociales de este organismo quien reprende con dureza a España por vulnerar varios derechos de la Carta Social Europea. El más preocupante, sostiene el presidente del comité, Luis Jimena Quesada, el decreto aprobado en 2012 que niega a los inmigrantes sin papeles el acceso a la asistencia sanitaria pública. "Es contrario a la Carta Social Europea en todos los casos, estén en situación irregular o no" y, por lo tanto, "España tendrá que modificar esa legislación", advertía durante la presentación en Bruselas de las conclusiones del último examen de evaluación.

Se trata, dice este profesor valenciano, de una recomendación vinculante porque es la expresión de un tratado internacional que también ha suscrito España. Esto significa que las Comunidades Autónomas que decidieron no aplicar en su territorio el decreto del gobierno español, como Euskadi, lo han hecho correctamente y que, por tanto, el Tribunal Constitucional -que avaló en un auto en diciembre de 2012 la atención sanitaria universal- deberá tener en cuenta esta interpretación a la hora de resolver el contencioso que enfrenta a Madrid con la CAV. "El Tribunal Constitucional tendrá que tener en cuenta la interpretación vinculante que ha establecido el comité europeo de derechos sociales. Así lo obliga el artículo 96 y el 10.2 de la Constitución española", asegura rechazando que la excepciones para embarazadas, menores de 18 años o situaciones de urgencia sean argumentos suficientes.

Aunque no hay plazos, este catedrático de Derecho Constitucional y presidente del comité desde 2011, insiste en que España debe modificar la ley lo antes posible y que es el comité de ministros del Consejo de Europa quien debe velar porque se ejecuten las recomendaciones. "Aunque no se modifique la legislación, esto significa que un centro de salud no puede negar la asistencia sanitaria a una persona extranjera, que un juez que conozca un asunto al respecto tiene que resolver con arreglo a la carta social, que es un tratado que prevalece sobre la legislación interna, y lógicamente el tribunal constitucional cuando resuelva tendrá que tener en cuenta también esta decisión", explica.

De los 19 compromisos suscritos por España, el examen confirma que suspende en media docena. Entre ellos, la falta de protección específica para las personas mayores, plazos excesivos para los no nacionales, de diez años, para recibir una pensión de jubilación no contributiva, insuficiente control en la provisión de servicios sociales por parte de proveedores privados y un salario mínimo de inserción inadecuado, por debajo del umbral de la pobreza en todas las comunidades autónomas salvo en Nafarroa y la CAV donde se supera los 521 euros establecidos como mínimo para 2011. Diferencias y asimetrías internas que Jimena considera inaceptables. "El gobierno español, respetando la autonomía de las comunidades autónomas, debe establecer mecanismos de coordinación pero al alza", reivindica.

retroceso en derechos El examen corresponde al período 2008-2011 lo que significa que el decreto de 2012 y la negativa a atender a inmigrantes sin papeles quedará recogida en futuras evaluaciones. En general, el balance confirma que el retroceso en materia de derechos sanitarios y sociales es generalizado, como consecuencia de las medidas de austeridad impuestas por la troika durante la crisis. "Los derechos tienen que ser protegidos incluso en tiempos de crisis. Los Estados son libres de realizar ajustes en sus presupuestos pero los derechos fundamentales tienen que mantenerse intactos", reivindica Colm O'Cinneide, autor del informe.

De las 570 conclusiones del documento, 180 corresponden a violaciones de derechos de la carta, un número elevado y superior al de exámenes anteriores. Entre los países con más suspensos, Georgia o Ucrania pero también Polonia y Grecia.