Bilbao. La regularización del trabajo doméstico y la integración de las trabajadoras de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social no lleva un ritmo especialmente rápido, según los datos oficiales y la percepción de los sectores implicados. No obstante, como aún falta un mes para que concluya el periodo transitorio establecido para el cambio en la afiliación de las trabajadoras, sus representantes confían en que aumente el número de altas y los organismos oficiales creen que las bonificaciones y los riesgos de tener trabajadoras sin regularizar lograrán incentivar el proceso en su recta final.

El Gobierno español ha querido incentivar a las personas que cuentan con empleadas de hogar para que cumplan la exigencia de darlas de alta, firmarles un contrato, proporcionarles nóminas, etc. y para ello ha ampliado las bonificaciones. Así, se ha creado una bonificación del 20% de las cuotas para quienes empleen trabajadores domésticos discontinuos. Esta ayuda se aplicará sin excepciones, tanto si se dio de alta al trabajador discontinuo en el anterior Régimen Especial como si se ha hecho en el actual Sistema Especial del Régimen General. En el caso de las empleadas de hogar fijas se mantiene el 20% de bonificación pero sólo cuando las altas sean desde el 1 de enero y la trabajadora no hubiera estado en alta en el Régimen Especial, entre agosto y diciembre de 2011. Esta reducción de las cuotas a la Seguridad Social, que se ha establecido para los ejercicios 2012 a 2014, aumentará en la Comunidad Autónoma Vasca hasta el 50%, al sumarse a la bonificación estatal otra del 30% aprobada por el Gobierno vasco, que se empezará a aplicar en julio, pero que tiene carácter retroactivo.

En el caso de las familias numerosas que necesitan contratar trabajadoras domésticas, la bonificación estatal puede llegar hasta el 45%. Para poder beneficiarse de esta sustanciosa reducción, el empleado debe prestar servicios de manera exclusiva para la familia numerosa, cuyos dos progenitores (uno si la familia es monoparental) deben trabajar fuera del hogar o estar incapacitados. Las familias numerosas de categoría especial están exentas de estos requisitos.

cambio de régimen En marzo la sección especial de empleados de Hogar que está dentro del Régimen General de la Seguridad Social contabilizaba un total de 308.386 trabajadores dados de alta. Esta cifra supone algo menos de la mitad del total de empleadas domésticas que se calcula que hay en el Estado español y demuestra que todavía no ha aflorado todo el empleo sumergido en este sector. Entre enero y abril de este año, un total de 120.950 personas han pasado del Régimen Especial al General en el Estado, y según los últimos datos de la Seguridad Social, en abril el número de trabajadoras que aún estaban afiliadas al antiguo régimen (que se extinguirá el 30 de junio) era de 192.344.

En la Comunidad Autónoma Vasca, hasta el 30 de abril se habían realizado 9.374 altas en la sección de empleados de hogar de la Seguridad Social, mientras que en el régimen especial (a extinguir) se registraban 6.915 trabajadoras continuas y 1.956 discontinuas.

Las cifras suponen que aproximadamente una de cada tres empleadas de hogar que se encontraban afiliadas al antiguo régimen especial ya se han integrado en el nuevo régimen de cotización. El proceso de integración también ha ayudado a que afloren más de 16.344 nuevas altas netas. No obstante, se calcula que a nivel estatal el 72% de las empleadas de hogar discontinuas continúa en el régimen especial, a pesar de que aproximadamente en el plazo de un mes, cuando desaparezca, serán dadas de baja automáticamente.

En cuanto al proceso de regularización del trabajo doméstico en la CAV que arrancó el pasado 1 de enero con el cambio de legislación, Conchi Gómez, miembro de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, opina que no se están haciendo contratos y dando de alta en la Seguridad Social al ritmo previsto porque "todavía hay mucha confusión tanto entre los empleadores como entre las trabajadoras". Esta asociada y asesora de la ATH-ELE dice que la Administración "no ha hecho lo suficiente" para dar información a las personas afectadas por el cambio en la ley ni ha puesto los medios para que las oficinas del Inem y Lanbide cuenten con una asesoría específica que considera muy necesaria.

El resultado de todo esto es que "para muchas personas legalizar a sus trabajadores de hogar está resultando algo difícil y engorroso", lo que las desmotiva, y que asociaciones como ATH-ELE han tenido que suplir con su trabajo la ausencia de información y ayuda por parte de organismos oficiales. "Hay muchos empleadores -apunta Gómez- que no son precisamente empresarios y que se han encontrado con un galimatías para cumplir con las exigencias de la nueva regulación. Por otra parte, estos cambios también han pillado a contrapié a muchas trabajadoras que estaban en la economía sumergida". Los casos más comunes son los de las empleadas que han trabajado muchos años sin estar dadas de alta pero que ahora, ante la obligación de cotizar desde la primera hora de trabajo, se encuentran con que tienen una edad que no les permite cotizar el tiempo suficiente para tener derecho a jubilación. También encuentran problemas en su regularización las trabajadoras que al exigir ser dadas de alta se enfrentan a empleadores que pretenden descontar de su salario la cuota correspondiente. "Muchas trabajadoras -dice Conchi Gómez- están en situación de desventaja a la hora de negociar con sus empleadores, sobre todo con los que piensan que el pago de la cotización debe salir de las costillas de las trabajadoras". Ante estos planteamientos "ha habido trabajadoras que han tenido que ceder y algunas han sido despedidas porque el empleador decidió contratar a otra descontándole el importe de la cotización".

Al primer grupo pertenece O.R., vecina de Bilbao que lleva años trabajando por horas en varios domicilios y que ahora no se plantea exigir a ninguno de sus empleadores ni el contrato ni el alta en la Seguridad Social porque está a punto de cumplir 65 años y "no le compensa", ya que además cuenta con una pequeña pensión que complementa con su trabajo. O.R. Reconoce que alguno de sus empleadores le ha ofrecido regularizarla, pero ella lo ha rechazado, ya que cree que empezar a cotizar no le reportaría ventajas.

Se trata de un caso evidente en el que el trabajo doméstico va a permanecer sumergido, pero hay muchos más y no todos -según denuncia la ATH-ELE- son voluntarios. Un miembro de esta asociación explica que la falta de información y asesoramiento en las oficinas de Lanbide y de la Seguridad Social ha retraído a muchos empleadores que, en principio, estaban dispuestos a regularizar a sus trabajadoras. "Pretender que aflore el empleo sumergido y al mismo tiempo limitar el número de funcionarios o cargarlos de trabajo, además de no darles formación para atender a los demandantes de información no es compatible", señala una asesora de ATH-ELE. "Pedimos a la Administración un esfuerzo para que el proceso de asimilación de las empleadas de hogar al resto de los trabajadores sea real y no encuentre problemas", añade Conchi.