Bilbao. La regulación del trabajo doméstico que entró en vigor el pasado 2 de enero ha mejorado la situación de las empleadas de hogar, pero aún permite que existan situaciones injustas y de abuso laboral, según denunciaron ayer las representantes de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia. Estas trabajadoras también criticaron la nula implicación de los servicios de Inspección para erradicar el empleo sumergido y de Lanbide para intermediar en este tipo de trabajos, dejando vía libre a las agencias privadas.
Liz Quintana, asesora jurídica de la Asociación reconoció que la nueva regulación del empleo doméstico da respuesta a muchas de las reivindicaciones históricas del sector, en especial las que afectan a su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social -obligación de dar de alta a la trabajadora desde la primera hora, el cobro de la baja por enfermedad y accidente, retribuciones, pagas y descansos, entre otras-, "aunque todavía hay derechos que no se les reconocen y materias que no se han regulado". Se trata, en concreto, de la duración de las jornadas semanales, la indefinición de tareas en el trabajo de acompañamiento nocturno, la excesiva duración del tiempo de presencia habitual, o los límites en los descuentos en concepto de alojamiento y manutención, que en el caso de las trabajadoras internas "son un despropósito".
Quintana explicó que estas lagunas permiten la persistencia de situaciones injustas y de abuso, que se dan en mayor medida en los casos de empleadas cuya tarea es acompañar a personas en situación de dependencia. La representante de la Asociación dijo que sería necesario discutir cómo se resuelven en las familias las necesidades de cuidados, ya que en la mayoría de los casos se opta por utilizar el empleo doméstico para la atención de dependientes. "Parecía que la Ley de Dependencia iba a ser la solución de estos casos -explicó Quintana- y, sin embargo, las necesidades de cuidados se cubren con empleo doméstico que en la mayor parte de los casos llevan a cabo mujeres inmigrantes".
La situación de las inmigrantes sin papeles también ha empeorado a raíz de la supresión de la figura de la trabajadora discontinua, que podía darse de alta a sí misma en la Seguridad Social. Según Quintana, la nueva regulación deja a la empleada extranjera a expensas de la voluntad del empleador para lograr su regularización.
La regularización Según la asesora jurídica de ATH-ELE, es pronto para hacer una estimación del proceso de regularización del trabajo doméstico sumergido que impulsa la nueva ley. Explicó que la Asociación está recibiendo un aluvión de consultas, pero que también se han encontrado con que muchos empleadores en lugar de hacer contratos y dar de alta a sus trabajadoras han optado por despedirlas para no tener que realizar los trámites administrativos que ahora son obligatorios ni pagar la cuota de la Seguridad Social. Recordó que hay bonificaciones de hasta el 50% para las cuotas de la Seguridad Social.
Liz Quintana afirmó que "una parte de los derechos laborales que recoge la nueva ley solo se realizarán de manera efectiva si la Inspección de Trabajo actúa exigiendo su cumplimiento". En su opinión "falta voluntad por parte de la Inspección para hincar el diente al trabajo doméstico irregular", aunque esto no es nuevo, sino que "ha existido siempre". Quintana explicó que cuando desde la Asociación se denuncian casos o se exige a la Inspección que investigue situaciones concretas se suelen encontrar con que "los inspectores alegan la inviolabilidad del domicilio", lo que les impide "dar una patada en la puerta e investigar". Para la asesora, sin embargo, hay otras muchas maneras de comprobar las denuncias y el cumplimiento de la ley aunque el trabajo en cuestión se desarrolle dentro de un domicilio.
La ATH exige que las sanciones que imponga la Inspección guarden relación con la gravedad de la infracción cometida ya que -dijo la asesora- "estamos hartas de ver agencias sancionadas que a los dos días abren con otro nombre". Quintana dijo que en el sector hay preocupación por erradicar el trabajo sumergido y, aunque la administración ha hecho "una declaración de intenciones" en este sentido, "queremos es ver casos prácticos".
Implicación de Lanbide En relación a la gestión de demandas de empleo para trabajadoras de hogar, la Asociación exige que Lanbide se coloque "como primera opción de intermediación en el empleo doméstico y lo haga de manera ágil y eficaz". Según la ATH-ELE, Lanbide "sigue sin establecer medidas efectivas para evitar los abusos de las agencias privadas de colocación, como sería sancionar con el cierre a las que intermedian por debajo de los mínimos legales o cobran a las trabajadoras por darles empleo".
La Asociación denunció los "abusos absolutos" detectados en la labor de las agencias privadas de colocación, que en algunos casos se quedan con "hasta el 50% de los salarios de las trabajadoras".
