Entenderse en 23 idiomas

Lo que en Madrid algunos ven como un despilfarro, en la capital de Europa es algo absolutamente normalizado. Y es que, ¿qué piensan aquellos que califican de escándalo destinar 250.000 euros anuales a utilizar tres lenguas cooficiales como son el euskera, gallego y catalán en el Senado cuando las instituciones europeas gastan nada menos que 240 millones de euros cada año en el ejercicio de entenderse en los 23 idiomas oficiales, con un batallón de más de un millar de intérpretes frente al equipo de 25 con que cuenta la Cámara alta? Prueba de la importancia que en Bruselas sí dan a la comunicación y a las palabras es que una de las primeras cosas que hace la Comisión Europea cuando un país solicita su ingreso en la UE es enviar una misión técnica para conocer in situ la calidad de sus intérpretes y la oferta de sus universidades en materia de interpretación.

Y es que el servicio de interpretación es una pieza clave para que la maquinaria europea gire y sobre todo para que funcionarios, eurodiputados, políticos y cualquier visitante se entiendan sin perder el hilo. Ejercer el derecho de hablar en las reuniones europeas en maltés, irlandés, lituano, español o cualquiera de las lenguas oficiales -el euskera y las restantes lenguas cooficiales en el Estado sólo pueden utilizarse en circunstancias limitadas- le cuesta cada año a las arcas europeas 240 millones de euros, más de la mitad de lo que presupuesta en un ejercicio un ayuntamiento del tamaño de Bilbao o lo que es lo mismo, 48 céntimos de euro por ciudadano europeo y año. Unas cifras que a alguno le pueden marear pero que según Ian Andersen, asesor de comunicación del director general de la Dirección General de Interpretación, es lo que tiene trabajar en una comunidad multilingüe. "La democracia es cara", explica.

Tras el nacimiento de la comunidad europea los gobiernos barajaron distintas opciones para abaratar costes como utilizar una sola lengua, pero finalmente optaron por trabajar cada uno en su idioma. El resultado es que conjuntamente el servicio de interpretación y el de traducción -que traduce desde los textos legislativos hasta los panfletos- cuestan al presupuesto de la UE en torno a 1.100 millones de euros cada año, 2 euros por persona. Para hacer el trabajo de interpretación simultánea las instituciones europeas disponen de más de un millar de personas en plantilla, con un sueldo inicial neto de 4.000 euros mensuales, a los que se suman cientos de trabajadores freelance o autónomos que pueden llegar a percibir hasta 400 euros diarios por su labor en el caso de los más experimentados.

Existen tres servicios de interpretación. La Comisión Europea tiene su personal propio que asiste también al Consejo -donde se reúnen los ministros-, lo mismo que el Tribunal de Justicia de la UE y el Parlamento Europeo, cuyas sesiones plenarias -una semana al mes- requieren de entre 800 y 1.000 intérpretes. En total cuentan con más de un millar de personas en plantilla y unos 3.000 trabajadores freelance acreditados.

Inglés, francés y alemán son las tres lenguas de trabajo en la UE y en breve requerirán de renovación en sus filas. El boom de la contratación de intérpretes con inglés como lengua materna se produjo en la década de los 70 y 80 lo que significa que muchos de estos profesionales se retirarán entre 2010 y 2020. "El caso más dramático es el inglés. La mitad de nuestra plantilla y la mitad de los freelance se van a jubilar", explica Andersen. En el caso de los intérpretes procedentes de los países fundadores como Francia, Alemania, Holanda o Italia la situación es menos complicada pero según las estimaciones de Bruselas el 40% de este personal también se retirará durante la próxima década.

De ahí la importancia que dan a los programas de formación, para que sus empleados amplíen capacidades lingüísticas, a la cooperación con universidades y con otros países, y a las campañas de comunicación para potenciar el aprendizaje de lenguas entre los europeos. Y es que tienen claro que sin intérpretes capaces de transmitir simultáneamente lo que se dice en cualquier reunión sería imposible funcionar. En todo caso, ya "no basta con saber inglés, francés, alemán, español o italiano" como antaño. Ahora se requiere "un valor añadido", un plus que hoy día son las lenguas de los países del este, incluso lenguas de países que todavía sólo han tocado a la puerta europea como croata o turco.

Quien quiera convertirse en intérprete en el Estado español tiene varias universidades a las que acudir que mantienen cooperación directa con las instituciones europeas. Este es el caso de La Laguna, en Tenerife, Comillas, Madrid, Salamanca y la Universidad del País Vasco con una línea en castellano y otra en euskera en el campus de Araba. Todas ellas ofrecen estudios en inglés y francés, algunas también en alemán e italiano y otras en lenguas más "especiales" como polaco, sueco o ruso.

Actualmente, las instituciones europeas cuentan con 104 intérpretes españoles más otros 180 que hacen servicios freelance en la Comisión Europea, la Eurocámara y el Tribunal de Justicia de la UE. Sin embargo, al igual que el catalán y el gallego, el euskera sigue siendo un idioma de uso muy limitado. Se puede hablar en las sesiones de trabajo del Comité de las regiones y del Consejo, pero no en los plenos del Parlamento Europeo. También se puede escribir a las instituciones europeas en euskera y que te respondan en la misma lengua pero siempre a través del Gobierno español y con cargo a las arcas españolas. Desde el 1 de enero de 2008 hasta ahora se ha utilizado en contadas ocasiones en el Comité de las regiones, el Consejo y en algunas misiones realizadas a Euskadi. "La verdad es que nos mantenemos al margen", explica Andersen sobre la situación del euskera, una lengua que sitúa entre las difíciles. "Personalmente, creo que es bueno que la gente se pueda expresar en su lengua", sentencia.