Bilbao

Álex Freyre, de 39 años, y José María di Bello, de 41, aprovechando un vacío legal en la Constitución argentina, que no aclara que el matrimonio deba ser un acto entre un hombre y una mujer, estuvieron a punto de convertirse, la semana pasada, en el primer matrimonio gay de América Latina. Cuando toda la parafernalia festiva estaba preparada para celebrar el histórico acontecimiento, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, del PRO, un partido de derechas, cedió a las presiones de la Iglesia, se replegó ante las fuerzas conservadoras y prohibió a última hora el enlace, en el Registro Civil de la capital.

La cacicada sirvió para que las decenas de legisladores, representantes de agrupaciones de homosexuales y transexuales, activistas sociales, simples amigos de la pareja y demás familia, que acudieron al registro a arroparles y dispuestos al jolgorio, escenificaran un acto reivindicativo en favor de los derechos de la comunidad gay. No hubo boda, pero el desconcierto generado ha metido a la Justicia argentina en un auténtico laberinto.

Efectivamente, por si fueran pocos los prejuicios que aún provoca la comunidad homosexual, una actuación kafkiana cercenó el sueño, una conquista social, que parecía al alcance de la mano.

Ahora, Álex y José María, el colectivo gay, deberán esperar a que la Corte Suprema encuentre una salida legal al conflicto, que siente jurisprudencia pero, mientras tanto, han metido en su harina a la clase política y a la sociedad civil argentina.

"Queremos casarnos porque nos queremos y llevamos juntos desde 2005, pero también sabemos que esto ya no es sólo una cuestión nuestra y de nuestras familias, que nos apoyan, sino que es un golpe contra la homofobia que existe en toda América Latina", proclama Álex.

el hueco legal Freyre y Di Bello tuvieron buen ojo cuando, tras acudir al Registro Civil para presentar su solicitud de boda, como ya habían hecho otras cuatro parejas de lesbianas y gays, y recibir la habitual negativa, decidieron no recurrir ante la justicia civil, donde las cosas van muy lentas, y optaron por dirigirse al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Buenos Aires. Y ahí, una jueza, Gabriela Seijas, dictó el 13 de noviembre una sentencia inesperada: el Registro Civil estaba obligado a celebrar la unión, bajo el argumento de que es "inconstitucional" impedir legalmente que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.

La segunda sorpresa llegó cuando el alcalde de la ciudad, Mauricio Macri, no presentó recurso contra esa sentencia. Para cuando la Iglesia católica y la asociación de abogados católicos se dieron cuenta de lo que estaba pasando y podía pasar, los plazos para recurrir ya estaban cerrados. El cardenal Beroglio decidió plantar batalla emitiendo un comunicado público donde afirmaba que la sentencia era "absolutamente ilegal" y que el Gobierno porteño "faltó gravemente a su deber".

La ofensiva de las fuerzas conservadoras cristalizaba el lunes de la semana pasada, en vísperas del enlace, elegido a propósito ya que la pareja se conoció un 1 de diciembre, Día Mundial contra el Sida, una enfermedad que ambos padecen, cuando la jueza Marta Gómez Alsina, a cargo de un juzgado nacional en lo Civil, anuló el fallo de Seijas atendiendo a un recurso del abogado Francisco Roggero, representante de una organización católica.

La jueza de primera instancia Gabriela Seijas, que había permitido la boda entre José María di Bello y Álex Freyre, ratificó su fallo judicial e instó al Registro Civil de la ciudad de Buenos Aires a casar a la pareja, señalando que su sentencia era firme y añadiendo que su incumplimiento dejaría al Registro en una situación de desacato.

Pero tras varias horas de tensión, Álex y José María no pudieron contraer matrimonio. Mauricio Macri había decidido, finalmente, acatar la decisión de la Cámara Nacional de lo Civil y desdeñar la autoridad de la jueza Seijas.

Ahora, el jefe de Gobierno de la capital afronta las críticas de colectivos homosexuales y la posibilidad de que Seijas acuse de desacato al Registro Civil de la ciudad por no admitir su fallo. A modo de justificación de su vacilante actuación, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires ratificó su "defensa de las libertades individuales y la igualdad ante la ley", pero puntualizó que se encuentra provisionalmente "impedido" para avalar la boda.

María Rachid, presidenta de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT), acusó a Macri de "mentir" porque no cumplió el fallo de la jueza Seijas y optó por "la decisión política de negarnos nuestros derechos y discriminarnos". "Pero vamos a seguir peleando", advirtió, y agregó: "Ahora queremos saber de qué lado está el Gobierno nacional, que puede sacar esta ley en el Congreso".

Ayer, una comisión de la LGBT pidió una audiencia con la presidenta del país, Cristina Fernández, para solicitarle que este mismo año impulse en el Parlamento el debate de una ley que abra el casamiento para las personas del mismo sexo.

Porque todo parece indicar que el pronunciamiento de la Corte Suprema argentina, el organismo que tendrá que decidir sobre la controversia, irá para largo.

Freyre y Di Bello admiten que el camino más lógico habría sido que se aprobara primero una norma que dejara clara la interpretación de la Constitución. "Un grupo de diputados presentó una proposición de ley, pero las discusiones en el Congreso están estancadas", lamentan.

Muchos diputados del partido mayoritario apoyan la iniciativa, pero el Gobierno de Cristina Fernández mantiene una actitud ambigua. "La sentencia de la juez del Contencioso ayudará a precipitar las cosas", espera Álex Freyre.

Mientras, María Rachid expresó "su más enérgico repudio" a comentarios de "algunos sectores políticos y de la jerarquía de la Iglesia que proponen aprobar una ley de unión civil nacional con algunos derechos para las parejas del mismo sexo".

"Repudiamos cualquier instituto jurídico creado para conceder algunos derechos a nuestras familias, con otros nombres, y así evitar el acceso a la igualdad jurídica para nuestra comunidad", dijo. "De ninguna manera aceptaremos esta propuesta como premio de consuelo para que no se les reconozca a nuestras familias los mismos derechos con los mismos nombres", apuntó.

Lo que está claro es que el colectivo gay argentino está decidido a luchar en firme para lograr el derecho al matrimonio en un mundo donde aún está muy presente la exclusión o la persecución. Y juicios tan rancios y homófobos como el que expresó el pasado miércoles Javier Lozano Barragán, cardenal mexicano y ex ministro vaticano de Salud, afirmando que transexuales y homosexuales jamás entrarán en el Reino de los Cielos, "ya que todo lo que va contra la naturaleza ofende a Dios".