HOY un jurado popular se encargará de deliberar sobre el crimen de la joven Nagore Laffage. Serán ciudadanos de la calle los que ejerzan de profesionales de la Justicia, un mundo que les es desconocido. Cualquier persona puede actuar como jurado popular el día menos pensado. Los requisitos para ejercer como tal abren el abanico de posibilidades a un buen puñado de vascos: aquellos que sean mayores de 18 años, sepan leer y escribir, no sufran algún tipo de discapacidad y puedan ejercer el voto. Todos ellos pueden ser jurado. Con matices.
De los candidatos potenciales, unos 1.500 que se eligen del censo electoral en septiembre de cada año par y que son candidatos durante dos años, luego se incapacita a aquellos que estén procesados o en prisión y se declara incompatibles a aquellos que tengan cargos en el Gobierno central o autonómico, trabajen en la Administración de Justicia o en Instituciones Penitenciarias. Se prohíbe ser jurado a los que tengan cualquier tipo de relación con la causa que concurre.
El epígrafe de las excusas es generoso. Pueden excusarse aquellos que sean mayores de 65 años o los residentes en el extranjero, pero incluso hay ejemplos como el de aquel hombre de 92 años que se presentó en la Audiencia y dijo que le pusieran el primero en la lista. Que él estaba muy comprometido y quería ser jurado una vez en la vida. Tampoco es eso. Ni el engorro ni la pasión. Como aquel otro que durante la selección alegó que no podía ser jurado porque era "racista, xenófobo y machista". Desde luego su predisposición no era la más idónea.
El jurado popular es una institución regulada por la Ley de 1995 y que aparece en el artículo 125 de la Constitución española de 1978. Así dice: "Los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales y que la ley determine".
Antigüedad Con este fin, desde hace 14 años, en el Estado comenzaron a celebrarse juicios con jurado popular, tribunal que componen nueve ciudadanos -se designa también a dos suplentes- con un voto nominal cada uno -hay que votar sí o sí, abstenerse es delito-. Estas nueve personas elegidas a través de un largo proceso serán las encargadas de emitir un veredicto sobre los hechos que se juzgan. Por lo general, y aunque la Ley del Jurado establece que este tribunal ciudadano puede enjuiciar hasta una docena de delitos, los casos más comunes son aquellos que se refieren a homicidios y asesinatos. Están excluidos de jurado popular los delitos de terrorismo, tráfico de drogas y abusos sexuales.
Hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra comienza la vista oral por el crimen de la joven irundarra Nagore Laffage. Su asesino confeso, José Diego Yllanes Vizcay, será juzgado a través de un tribunal popular, para los que ya se encuentran preseleccionados 36 candidatos, que antes del juicio, se quedarán en once (con los dos suplentes) y que deberán alcanzar un veredicto sobre los hechos justiciables. El tribunal deberá decidir sobre varias preguntas. En aquellas que se perjudique al acusado por su culpabilidad se exigen siete votos de los nueve totales; mientras que en las que puedan demostrar la inocencia del procesado son necesarios cinco de los nueve votos.
Como en botica, en Justicia también hay de todo y más cuando sobre ella se encargan de deliberar personas de la calle, sin vínculo alguno con el poder judicial y sin conocimientos de Derecho. No extraña de esta manera que a veces se produzcan resoluciones como la del crimen de Recoletas, en el que Jesús Jiménez Abadía asestó dos cuchilladas, una de ellas en el corazón a Marcos Berrio Zubiría. Hubo de repetirse el juicio.
El primer jurado, en noviembre de 1999, creyó al acusado y le declaró culpable de homicidio por imprudencia. Sin embargo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN anuló en abril de 2000 la sentencia dictada (dos años y medio de prisión) conforme al veredicto del jurado. En 2002, un segundo jurado popular le declaró culpable de homicidio doloso y se le condenó a siete años de cárcel.
El desequilibrio es palpable entre los potenciales casos a juzgar por un jurado popular y los que finalmente son enjuiciados por un tribunal de este tipo. Es decir la implantación de esta institución deja bastante que desear. Según Joaquín Galve, juez decano de Pamplona, "en España no ha habido tradición de jurado popular y nos han instaurado una institución sin tradición. Es como si a partir del año que viene se impone que en España el deporte nacional sea el béisbol". María Herrera, abogada penalista y que ha participado en Navarra en los juicios con jurado de los crímenes de Recoletas y Descalzos, además de un caso de inducción al suicidio, comparte esa visión pero se aferra al tribunal popular como un sistema óptimo.
Herrera, que es de las que prefiere ser "defensora toda la vida", opina que actuar como jurado "es el punto final de la participación del ciudadano con la Justicia" y afirma que para un letrado "el procedimiento con jurado es más complicado, pero el juicio me parece mucho más puro. La intervención del profesional es más cercana al ciudadano e incluso te ayuda a cambiar el lenguaje. Hay que hacer un esfuerzo para que el ciudadano nos entienda, porque a nada que nos expliquemos bien, el interés que pone el jurado popular es impresionante", precisa.
Además, considera que "el ciudadano debe ser consciente de que él sólo debe decidir si los hechos son probados o no, si es culpable, porque la sentencia ya la dictará un juez. Por eso tienen que tener la conciencia tranquila".
Mitos Respecto al jurado no está de más aclarar algún que otro mito urbano. En primer lugar, los jurados cobran. Apenas son unos 67 euros en concepto de dietas y por cada día de juicio -los no seleccionados reciben 33,5 euros-. Y durante la vista oral los jurados no viven encerrados. Bien es cierto que se les pide discreción al máximo y alejarse de las connotaciones emocionales, pero durante un juicio el que actúa como jurado puede hacer vida normal mientras no se encuentre en la Audiencia. Montar un juicio con jurado que se prolongue dos días supone unos 3.000-3.500 euros. El momento del aislamiento llega a la hora de deliberar sobre el veredicto. Entonces se les aísla. En el caso de que llegue la noche y no hayan alcanzado un veredicto, se les hospeda en un hotel donde no pueden hablar del juicio. Están vigilados y pasan la noche sin contacto con el exterior. Se limitan a cenar, dormir y, al día siguiente, volver a deliberar sobre algo que seguro les habrá quitado el sueño.
