Pedro Sánchez tendrá que pronunciarse sobre la situación que afecta a los familiares de una veintena de víctimas de los GAL y grupos ultras. Se les ha denegado una indemnización complementaria por parte de los tribunales con el argumento de que sus allegados pertenecieron a ETA, cuando no hay en realidad sentencias firmes que acrediten esa militancia. Este asunto lo llevará a la sesión de control del Senado del martes la portavoz del PNV en la Cámara, Estefanía Beltrán de Heredia. Preguntará al presidente español, Pedro Sánchez, "si va a revisar las denegaciones de reconocimiento e indemnización a víctimas del terrorismo de los GAL, Batallón Vasco-Español y grupos de extrema derecha que no han sido condenadas judicialmente por participación en delitos graves".
Este asunto es especialmente espinoso porque algunas de las víctimas se enfrentan además al pago de las costas judiciales. Esta situación ha provocado una doble victimización para, entre otras, la familia de Joxi Zabala. Su madre Felipa, de 91 años, recibió hace unas semanas el jarro de agua fría. Le trasladaron que tendría que pagar más de 9.000 euros en costas, otro quebradero de cabeza tras los años tragedia que ha tenido que gestionar esta familia con el secuestro, tortura, muerte y ocultación bajo kilos de cal viva de los cuerpos de Joxi Zabala y Joxean Lasa. Esta situación es un escollo y una muestra más de las dificultades que afrontan estas víctimas para equipararse a otros afectados por el terrorismo.
Pero, ¿por qué lleva el PNV esta decisión judicial al pleno del Senado? El PNV recuerda que esta controversia proviene de la "interpretación" que ha realizado la justicia sobre la Ley 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que hacía posible una ayuda complementaria. La justicia ha excluido a estos damnificados alegando que han participado en la delincuencia organizada o han pertenecido a una organización que ha perpetrado delitos violentos pese a que nunca han sido condenados en sentencia firme. La polémica se remonta a las primeras interpretaciones de la Audiencia Nacional y el Constitucional.
El argumento que se emplea es que el artículo 8 del convenio europeo sobre víctimas de delitos violentos indica que no se podrá indemnizar a una persona que formara parte de la delincuencia organizada o de una banda que cometa delitos. En el caso de Lasa y Zabala, se deniega la ayuda porque en la sentencia en la que fueron juzgados los autores de su secuestro y asesinato se afirma que los dos jóvenes eran miembros de ETA, una afirmación que se dio por sentado sin un juicio que los hubiera condenado.
La situación afecta a una veintena de casos (las costas totales ascienden a 100.000 euros). A mediados de la década pasada comenzaron a salir a la luz las primeras decisiones desestimatorias, que afectaron también a otros casos conocidos como el de Josu Muguruza, el diputado de HB asesinado en 1989 en Madrid. Víctimas de los GAL, el Batallón Vasco-Español y la extrema derecha anunciaron su intención de acudir al Constitucional y Europa.
Ayudas
Cuando se conoció hace unos días que a estas víctimas se les ha impuesto el pago de las costas, desde el Gobierno vasco aseguraron que tienen la posibilidad de acudir a Egiari Zor. Se referían a que el Parlamento aprobó en 2018 una proposición no de ley por la que se mandata al Ejecutivo vasco a "aprobar una línea de ayudas que mitigue la revictimización y la carga económica añadida" derivada del recorrido administrativo y judicial. El Consejo de Gobierno aprobó en 2019 y 2020 conceder a Egiari Zor subvenciones directas por importe de 80.000 y 100.000 euros para "financiar los gastos derivados por asistencia jurídica", siempre que estas víctimas "no hayan sido condenadas en resolución judicial firme".
Familia Zabala. La denegación de las ayudas complementarias a las familias de varias víctimas de los GAL, con el argumento de que pertenecían a ETA, es una polémica que se remonta a la década pasada, pero ha vuelto al primer plano al conocerse que la justicia les impone además el pago de las costas. Salió a la luz como punta del iceberg el caso de Felipa, madre de Joxi Zabala, quien recibió el anuncio de que tendría que pagar más de 9.000 euros.
