Dos semanas después de que saliera a luz el espionaje al mundo independentista, que ha provocado una fractura entre el Gobierno de Pedro Sánchez y, principalmente, uno de sus socios de investidura, Esquerra; Moncloa denuncia ahora que también los móviles del presidente español y de la señalada ministra, Margarita Robles, fueron infectados con el software Pegasus. En un giro de guion inesperado y casi rocambolesco, desde el Ejecutivo se anunció que se ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional (CCN), adscrito al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en los que se detallan los hechos.
Así lo reveló el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en convocatoria urgente ante los medios, en la que desgranó que se han producido dos intrusiones en el teléfono del líder del PSOE en mayo de 2021 y una intervención en el de la ministra en junio de 2021. En concreto, se extrajeron 2,6 gigas y 130 megas de datos del terminal del presidente, así como 9 megas de datos del móvil de la responsable de Defensa. Sin pruebas de ningún seguimiento posterior a esas fechas y después de tener “conocimiento pleno, contrastado y fehaciente” de estos episodios este pasado domingo, el Gobierno confía en “esclarecer la verdad” porque es algo “de enorme gravedad”, y más al producirse “en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley”.
El independentismo duda de este espionaje y lo tacha de “cortina de humo” hasta el punto de que Pere Aragonès reclama una “supervisión independiente” del caso y Carles Puigdemont recuerda que “cuando las víctimas eran catalanas no recibieron tanta consideración”. El abogado del expresident, Gonzalo Boye, tiró de ironía al preguntarse: “¿Ahora sí nos creemos la madre de todas las cloacas?”. En este extremo, el Govern percibe una doble vara de medir por parte de Moncloa y ve “dañada” la credibilidad del Ejecutivo español. La portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, achacó que el Gobierno es “único responsable del caso. “Si lo sabían todo o una parte, es muy grave porque lo han permitido. Si no lo sabían, sería todavía más grave porque no controlan ni a su propio Estado”, manifestó. El president Aragonès fue más explícito. “Contra el independentismo, todo vale. Todo espionaje político es de extrema gravedad. Hace días que lo denunciamos sin obtener explicaciones del Gobierno español. Cuando el espionaje masivo es contra las instituciones catalanas y el independentismo, silencio y excusas. Hoy, todo son prisas. Hay que asumir responsabilidades ya”, subrayó.
Bolaños aseveró que “existe constancia de que el software Pegasus ha sido utilizado de modo ilícito en, al menos, 20 países y que entre las víctimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos, personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos, informadores y personas de distinta naturaleza. “En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial”, relató. “El Gobierno español está actuando con todas las capacidades de las que dispone para esclarecer estos hechos, para proteger la seguridad de las comunicaciones y también para garantizar el derecho fundamental a la privacidad de las personas. Ese ha sido el compromiso inequívoco desde que se tuvieron las primeras informaciones en las que se daba cuenta sobre una supuesta utilización de Pegasus fuera de los controles legales”, añadió en relación a los reproches procedentes del soberanismo.
Denuncia ante la AN
La Abogacía del Estado ha puesto esto en conocimiento de la justicia ayer mismo a través de una denuncia ante el juez de guardia de la Audiencia Nacional (AN), el titular del juzgado de instrucción número 4 José Luis Calama, que es el órgano jurisdiccional competente. Ello puede provocar que todas las querellas del Catalangate acaben finalmente en este tribunal, en lugar del juzgado de Barcelona que ya tiene abierta una causa contra Pegasus. La jurisdicción que asume la AN es de hechos que ocurran en distintos puntos del territorio estatal y sobre los delitos más graves. En principio, los abogados que han preparado las querellas del independentismo catalán no ven “conexidad” de los hechos hasta que no se acredite que el autor de este espionaje masivo es “el mismo”. Respecto al posible objetivo que se perseguía con estas intrusiones y si se pueden enmarcar dentro del conflicto catalán, el ministro de la Presidencia fue tajante: “No creo que sea el momento de hacer suposiciones o de hacer conjeturas de cuál ha podido ser la motivación”. El Gobierno conoce el “volumen” de la información extraída de los terminales de Sánchez y Robles pero no así “qué datos eran”. El nerviosismo y preocupación en las áreas afectadas es evidente. “Nos encontramos ante un fallo clamoroso de seguridad nacional -lamentan dirigentes de la Seguridad del Estado-. Ha sido infectado nada menos que el móvil del presidente sin que se detecte”.
El descubrimiento se produjo después de que el CCN realizara un minucioso análisis forense de los dos móviles, para lo que fue necesario que Sánchez y Robles los entregaran durante un periodo de entre 24 y 36 horas. El Ejecutivo decidió revisar sus propios terminales a raíz de la publicación de la lista de más de 60 líderes independentistas catalanes -cifra que puede sobrepasar los 150- que, según Citizen Lab, grupo de expertos de la Universidad de Toronto, fueron infectados con Pegasus. Cuando un alto cargo toma posesión, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) le entrega un móvil encriptado y teóricamente a prueba de ataques informáticos, que a su vez facilita el CNN, responsable de garantizar el secreto de las comunicaciones del Estado.
El hecho de que los teléfonos de Sánchez y Robles hayan sido espiados sin que se detectara el ataque supone un claro agujero de seguridad. Se da la circunstancia de que el Pegasus no está a priori en poder de servicios secretos de países supuestamente hostiles, como Rusia o China, sino precisamente de países con los que hay relaciones más estrechas, como Marruecos, Arabia Saudí, Emiratos o México. Con todo, esto no afectará a las comparecencias en el Congreso para aclarar el escándalo de las escuchas. Está previsto que mañana acuda a la Comisión de Defensa la ministra Robles, y que la directora del CNI, Paz Esteban, comparezca ante la Comisión de Secretos Oficiales en cuanto fije una fecha la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
El CNN está ya revisando los móviles de otros miembros del gabinete de Sánchez. El PSOE, a través de su vicesecretaria general, Adriana Lastra, no tardó en afear “el poco sentido de Estado” del PP ante la reacción de su líder, Alberto Núñez Feijóo, por “sembrar dudas” y “frivolizar” al comentar que es una “casualidad política no menor” al producirse en “pleno debate” sobre el caso del espionaje a dirigentes independentistas y de la estabilidad del Gobierno de coalición.
